La agonía salarial reflotó la idea de reformar la Ley del Trabajo, sostiene Decano de Derecho UCAB
Para el profesor César Carballo, cualquier modificación de la legislación laboral debe incluir temas como prestaciones sociales, homologación de pensiones y jubilaciones, libertad sindical, modos de organización productiva y teletrabajo. Remarcó que el proceso debe realizarse «con toda la amplitud de actores y el tiempo que sea necesario»
En abril de 2012, el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, promulgó la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Fue una decisión política, en un año electoral, que introdujo modificaciones a la legislación laboral que estaba vigente desde 1997 y que Chávez presentó como un elemento para «fortalecer la construcción del socialismo». «Esta es una ley liberadora, ley justa”, dijo el primer mandatario.
Catorce años después de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) por parte del entonces presidente de la República, Hugo Chávez, en Venezuela distintos sectores vienen hablando de la necesidad de reformar esta norma.
La profunda crisis que redujo el tamaño de la economía a 36% de lo que era en 2012 ha empujado el debate. «La crisis económica, y la agonía salarial, por decirlo de alguna manera, es lo que ha reflotado la idea de una reforma», afirmó en entrevista a El Ucabista el decano de la Facultad de Derecho de UCAB, César Carballo, quien es especialista en Derecho del Trabajo.
La Ley del Trabajo vigente: proteccionista e intervencionista
Dos rasgos caracterizan la Ley del Trabajo vigente desde 2012, de acuerdo con Carballo. En la dimensión individual, un amplio catálogo de beneficios para los trabajadores, con regulación de todas las facetas vinculadas con la relación de trabajo: jornada laboral, salario, utilidades, vacaciones, descansos, feriados, entre otros aspectos. «En lo individual, hay una profunda protección del trabajador», apuntó Carballo.
En lo colectivo, por su parte, «hay una intensa intervención del Estado, cuyo poder para intervenir en materia de sindicatos, negociación y huelga es extremo, a tal punto de que se ha considerado violatorio de la libertad sindical, como lo ha destacado la Organización Internacional del Trabajo».
Para el decano, el instrumento jurídico «mantiene bases tradicionales», pero con una «estructuración para transitar hacia un modelo de producción socialista», con un rol estelar de los denominados Consejos Productivos de los Trabajadores (CPT), figuras del Estado insertas en las empresas para asegurar el cumplimiento de los lineamientos generales gubernamentales en materia laboral.
«Esa ley fue pensada para que se desarrollara en un régimen capitalista, pero para que avanzara sobre unos rieles que habrían de trazar un modelo de producción socialista y de economía planificada. Los Consejos Productivos de los Trabajadores terminan reflejando los grandes lineamientos estatales en materia de producción y garantizando su aplicación en el ámbito de las empresas», explicó el jefe de la cátedra de Derecho Colectivo del Trabajo.
Afirmó que, luego de varios años de cambios en materia económica, ahora las prioridades del Gobierno venezolano son otras. «Se está hablando de liberalización de la economía, lo cual va en línea contraria al control estatal estricto de los procesos productivos», indicó Carballo.
Bonos y anclaje del salario mínimo: «vías de escape» ante impacto económico de la LOTTT
César Carballo insistió en que la profunda crisis de Venezuela ha conducido a que, en la práctica, muchos de los preceptos establecidos en la Ley del Trabajo no se estén aplicando.
Mencionó que «se han encontrado vías de escape a los impactos económicos de la Ley», entre ellas la «bonificación de la remuneración de los trabajadores» y el anclaje del salario mínimo, que desde marzo de 2022 se mantiene en 130 bolívares, unos 22 centavos de dólar al cambio oficial.
«Ya la remuneración no descansa sobre el salario, base de cálculo de las prestaciones sociales, sino que descansa sobre bonos y subsidios no salariales y, por lo tanto, queda excluido del cálculo de prestaciones sociales. De esa manera el impacto de la retroactividad de las prestaciones sociales se diluye», detalló.
El individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales recordó que el salario mínimo tampoco se eleva porque constitucionalmente el Estado «está obligado a homologar pensiones y jubilaciones» a unos 5 millones de adultos mayores, una carga fiscal difícil de afrontar en la actualidad.
Un tema sensible: las prestaciones sociales
Según el académico, para hablar de incrementos salariales, la reforma laboral tendrá que abordar el régimen de prestaciones sociales, un «beneficio sentido» que plantea complejidades.
«Cualquier elevación del salario mínimo implicaría automáticamente la elevación de todas las pensiones y jubilaciones, con carga fiscal. Allí tenemos un problema grave que explica por qué está agonizando el salario. Ahora se está poniendo el foco en esto por la retroactividad y la inflación, que hace inviable los procesos productivos», afirmó.
El también exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ UCAB) apuntó que hay una valoración del beneficio de las prestaciones sociales y su retroactividad, que combina una carga ideológica y política.
«Para el venezolano promedio, las prestaciones retroactivas son un patrimonio que atesora. No digo que sea intocable, pero es complejo en su reforma. Hay una carga ideológica y política importante. Es un beneficio que, económicamente, puede ser contraproducente porque genera unos costos que en tiempos de inflación son inmanejables», opinó.
Darle peso a la negociación colectiva
Además del régimen de prestaciones, el decano de Derecho UCAB aseguró que la reforma a la LOTTT deberá incluir asuntos relacionados con la libertad sindical, los modos de organización productiva, el trabajo mediado por plataformas tecnológicas y el uso de la inteligencia artificial, con base en la realidad del contexto venezolano y global.
«Tenemos un mapa de discusión objetiva a partir de data común, de un fenómeno aceptado por los interlocutores. Yo sí creo que podemos construir una fórmula que nos permita viabilizar la sociedad que queremos: empresas productivas, con trabajo decente, con inversiones nacionales e internacionales, con justicia social. Esa es la discusión. ¿Cuánto tiempo se lleve esto? No lo sé, pero yo sí creo que es la vía correcta», puntualizó.
El exconsultor jurídico del Ministerio del Trabajo señaló que, en el ámbito de la libertad sindical, es necesario «darle peso a la negociación colectiva», para que «empleadores y trabajadores organizados en sindicatos puedan tomar decisiones para hacer las empresas más productivas, para evitar cierres, para adaptarse a las circunstancias o escollos que puedan suscitarse, y que esas decisiones sean reconocidas por las instancias oficiales».
«Hasta ahora todo lo que se negocia, todo lo que se acuerda, está sometido a una especie de cuestionamiento tácito, donde la instancia administrativa podría rechazarlo y, entonces, negarle valor. Creo que tenemos que ir hacia un modelo más flexible, democrático, a la luz de la libertad sindical, para la gobernanza del mundo del trabajo, porque permite a los empresarios, a los trabajadores, adaptarse a los cambios vertiginosos que se están suscitando en el mundo laboral y de la producción, derivados de la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación», detalló.
Hay que legislar sobre el teletrabajo
«Venezuela es el único país de la región que no tiene una normativa en materia de teletrabajo». Así lo enfatizó César Carballo, quien advirtió el rezago del país respecto a toda la región en los temas recientes de impacto tecnológico en los modelos de producción.
El profesor de la UCAB precisó que, en la actualidad, la regulación en cuanto al tipo de actividad laboral relacionada con el teletrabajo se rige por una norma que estaba en la ley de 1990 y que quedó integrada en la legislación de 2012, vinculada con el trabajo a domicilio.
«Eso es lo que hay. La gran diferencia entre el trabajo a domicilio y el teletrabajo es que el trabajador a domicilio, efectivamente, estaba dentro de su hogar y, por lo tanto, el control patronal era sobre el producto, pero no sobre el proceso, y mucho menos sobre la vida del trabajador y su familia. El teletrabajo te permite un control permanente y una suerte de inserción en la familia del trabajador, porque yo puedo medir perfectamente a qué hora te conectas, a qué hora te desconectas, con qué velocidad respondes; si hago una teleconferencia, puedo ver cuál es tu núcleo familiar, cómo te desenvuelves», sostuvo.
Añadió que el cambio en las relaciones laborales, derivado de los avances tecnológicos, plantea posibilidades para Venezuela con precedentes en otros países de la región.
«Tenemos un rezago importante. Lo bueno es que no vamos a empezar de cero, porque tenemos legislación en toda Latinoamérica, para no pensar que nos vamos a copiar una ley de Alemania o de Suiza; no, sino de nuestros hermanos colombianos, uruguayos, dominicanos, en todo el continente. Eso nos lo va a facilitar, ya hay experiencias en cuanto al tema tecnológico», acotó.
Diálogo y amplitud para una reforma complicada
El exconsultor jurídico del Ministerio del Trabajo no dudó en señalar que un proceso de reforma de la legislación vigente es «profundamente complicado». Por eso, considera que tiene que impulsarse «con toda la amplitud de actores y el tiempo que sea necesario».
Recordó que, en 2012, la LOTTT «fue impuesta de un momento a otro». «Nunca hubo un intercambio abierto de debate. Se dice que se recibieron centenares de consultas, pero nadie nunca las vio y, por lo tanto, el decreto ley expresa estrictamente la concepción del Ejecutivo nacional. No hubo discusión en la Asamblea Nacional. No es producto del menor diálogo y eso fue denunciado ante la Organización del Trabajo que, efectivamente, verificó que no hubo ningún tipo de intercambio en esa materia», apuntó.
El profesor cree que el panorama de 2026 es distinto. Precisó que, desde 2022, el Estado venezolano aceptó la instalación de una mesa técnica, con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que hay representación del empresariado venezolano y de las principales centrales sindicales.
«El diálogo social tripartito reviste de una legitimidad externa al proceso. Aquí están los representantes patronales de las instancias más importantes del país; tenemos la mayor parte del espectro sindical, inclusive de ideologías contrarias. Tenemos una asesoría técnica. Entonces es un proceso más cuidado que en 2012, con mucha más cautela por los elementos de conflictividad, expectativas, cuestionamientos a la legitimidad, factores ideológicos y partidistas», explicó.
♦Texto: Jesús Abreu Mena