Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió respaldo a la sociedad venezolana

En un punto de inflexión para la diplomacia jurídica mundial, la sociedad civil venezolana logró un respaldo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del 62.º período de sesiones celebrado en Ginebra, Suiza.

Hace menos de un mes se hizo una denuncia unificada ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk., en una coalición internacional integrada por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) a través de su vicepresidente el abogado venezolano Rafael Veloz y también el Programa de Organización Ciudadana (POC), la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, el Frente Amplio de Profesionales Internacional (FAPI) y la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV).

En esa denuncia se planteó la necesidad de reformas estructurales frente al colapso absoluto del sistema de justicia en Venezuela y el desacato sistemático del régimen a los dictámenes e instrumentos de protección internacional, emanados tanto de la ONU como de otros organismos multilaterales defensores de los derechos humanos.

Esta histórica acción conjunta de trascendencia jurídica e institucional une a la UIBA con los cimientos de la resistencia civil dentro del país: Juntos, han articulado un frente común que expone la demolición del Estado de Derecho en Venezuela desde hace dos décadas, logrando elevar el debate técnico hacia la exigencia de soluciones legislativas de fondo, tales como la creación de una Ley de Reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

El Colapso Judicial bajo la lupa de la ONU

El sustento técnico de este reclamo internacional quedó validado por las Naciones Unidas cuando la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) reafirmó en su informe A/HRC/62/50 que la carencia absoluta de independencia judicial en Venezuela se mantiene como el obstáculo principal para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la sociedad civil en el país. Asimismo, el documento de la ONU detalla vicios persistentes en el debido proceso, trabas extremas en el acceso a la justicia y un diseño institucional sometido al arbitrio político del régimen actual.

De la misma forma, la ONU manifestó su preocupación por la opacidad del actual proceso de reforma judicial emprendido por las autoridades venezolanas. En su pronunciamiento de hoy el organismo internacional exigió mecanismos transparentes en la elección y nombramiento de los magistrados del TSJ basados estrictamente en el mérito y la honestidad. También, pidió el fin de las políticas corporativas de impunidad y el establecimiento de recursos financieros y jurídicos efectivos para atender a los afectados por las acciones del sistema judicial que han perjudicado sus vidas.

Una alianza sin precedentes frente al desacato del régimen

La incorporación de la UIBA a las demandas del POC, la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, el FAPI y CONFEPUV dota a la sociedad civil de una plataforma de defensa global. Por ello, durante los debates interactivos en Ginebra, la comunidad internacional validó este esfuerzo, y ello quedó palpable cuando diversos gobiernos democráticos y organizaciones importantes como Amnistía Internacional, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), UN Watch, Lawyers for Lawyers, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la International Bar Association (IBA) ratificaron que la independencia del Poder Judicial en Venezuela no es negociable para desmantelar la impunidad que ha predominado.

En ese sentido, el pronunciamiento de Matthias Behnke, Director para las Américas de la ACNUDH, blindó la postura de la coalición ciudadana. Behnke fue enfático al declarar que Venezuela requiere de manera urgente resultados tangibles en el ámbito judicial y no «cambios cosméticos» o maniobras selectivas denominadas court packing (empaquetamiento o aumento artificial de tribunales) ejecutadas para perpetuar el control político de los tribunales por parte del Ejecutivo. Para la ONU, el nivel de cumplimiento de las sentencias internacionales dictadas contra el Estado será el termómetro real del progreso del país en esa materia.

Propuesta de ley de reparación 

Vale destacar que, gracias a los datos recopilados e impulsados por el POC, la Federación de Colegios de Abogados, el FAPI y CONFEPUV, se presentó formalmente la Propuesta de Ley de Reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Concebida como una herramienta técnica para instrumentalizar las directrices de la ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y así establecer un blindaje legal integral que proteja a la sociedad venezolana.

Esta propuesta legislativa abarca el resarcimiento formal e institucional de las víctimas de persecución política, detenciones arbitrarias, torturas, crímenes contra comunidades indígenas y daños ecológicos de gran escala, como el que han causado en el llamado Arco Minero, que se extiende entre los estados Bolivar y Delta Amacuro. Además, exige la obligatoriedad de acatar las decisiones de organismos universales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Sistema Interamericano. No obstante, los proponentes aclaran una máxima jurídica: ninguna ley será operativa si el sistema judicial venezolano continúa operando como apéndice partidista.

Luto por el sismo y repudio al bloqueo humanitario

Dolorosamente, mientras la batalla legal se libra en los organismos multilaterales, Venezuela enfrenta una catástrofe humana en su propio territorio. Las organizaciones aliadas manifestaron el dolor y el luto absoluto del pueblo venezolano tras el devastador doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio. Este desastre natural ha dejado un saldo desgarrador de cientos de víctimas fatales, miles de heridos y una masa crítica de ciudadanos que lo han perdido todo y carecen de un hogar.

Ante esta emergencia humanitaria, el Programa de Organización Ciudadana (POC), el Frente Amplio de Profesionales Independientes (FAPI) y CONFEPUV manifestaron su rechazo más enérgico ante la actuación del régimen venezolano. Las organizaciones denunciaron ante la ONU los bloqueos inhumanos impuestos a la ayuda humanitaria global y los impedimentos deliberados contra los equipos de rescatistas de alta especialización, incluyendo personal técnico de los Estados Unidos, Europa y Suramérica y de la misma sociedad civil venezolana, a quienes se les ha negado el ingreso o la operatividad para salvar vidas atrapadas en las zonas de desastre.

Para estas agrupaciones, criminalizar o bloquear la asistencia civil y técnica en medio de una tragedia natural no solo demuestra una total falta de sensibilidad humana, sino que constituye una extensión de la violación sistemática al derecho a la vida y a la salud de la población por parte del régimen imperante.

Un consenso que busca el cambio

Por otra parte, la iniciativa de la sociedad civil venezolana y estos gremios, apoyada por la UIBA, ha llevado la información técnica de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela ante el Departamento de Estado de los EE. UU., congresistas norteamericanos, el Parlamento de Canadá y las redes globales de juristas, con el propósito de mostrar estas anomalías que vulneran la paz y las libertades inherentes a todo ser humano.

Por ello, la decisión emanada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra es inequívoco: el colapso judicial y el bloqueo de la ayuda humanitaria en momentos de luto nacional sitúan al aparato estatal venezolano bajo un escrutinio internacional sin precedentes. Por tanto; solo la independencia judicial y el auxilio oportuno a los ciudadanos son las únicas vías para el restablecimiento de la dignidad y la justicia en Venezuela