Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, responde ante falsas acusaciones sobre CITGO
La Junta Administradora de Ad Hoc de PDVSA se dirige a la opinión pública venezolana e internacional para desmentir categóricamente las acusaciones vertidas en las recientes declaraciones publicadas por la ilegitima Asamblea Nacional de Venezuela del 2021, en las que se denuncia de manera tendenciosa y falsa un supuesto «robo de CITGO». Queremos enfatizar que estas acusaciones carecen de fundamento y distorsionan la realidad de la situación que atraviesa CITGO y los activos de Venezuela en el exterior.
La verdadera situación actual
Desde el año 2018 la Corte de Distrito de Delaware acordó un embargo sobre las acciones de PDVSA en PDV Holding (PDVH), propietaria indirecta de la refinería CITGO, por obligaciones causadas por la expropiación contra la empresa canadiense Crystallex (hoy asociada con el Fondo Tenor Capital), ejecutada por Hugo Chávez en el año 2011. Posteriormente, se han sumado a este proceso judicial más de veinte acreedores con sentencias contra la República de Venezuela y PDVSA por más de 20 mil millones de dólares. Todas las demandas han sido realizadas por deudas o daños causados por el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Damos garantía absoluta que, en este proceso, no existe ninguna causa de acreencia o reclamo generados luego del año 2019.
Para el cobro de esos reclamos y embargos, un tribunal de Delaware bajo la dirección del Juez Federal Leonard Stark, está ejecutando un proceso de Venta Forzada cuyo propósito final es el pago de deudas generadas por los regímenes de Chávez y Maduro. El proceso de Venta Forzada sigue activo, y sobre él están pendientes la resolución de múltiples y complejos asuntos procesales y comerciales, incluyendo objeciones, y una eventual apelación de las partes venezolanas. Vale destacar como un aspecto importante que la República Bolivariana de Venezuela, representada por la legítima Asamblea Nacional de 2015, se ha reservado el derecho de presentar algún mecanismo alternativo para satisfacer las acreencias y evitar la Venta Forzada, una vez sea alcanzada la transición democrática en Venezuela con el nuevo gobierno democrático y constitucional electo el 28 de julio de 2024.
En este sentido, reiteramos que CITGO continúa siendo un activo venezolano y no existe tal “robo de CITGO”. Debe quedar claro que, el único robo que sí existe y preocupa a los venezolanos, es el robo de millones de votos en la elección del 28 de julio. El “robo electoral” por el régimen de Maduro genera un bloqueo al anhelo de cambio de los venezolanos, que es la llave para resolver, entre múltiples asuntos, la reestructuración de la deuda de PDVSA y la protección de los activos. Es decir que, el no reconocimiento del resultado de las elecciones del 28 de julio 2024, está obstaculizando posibles soluciones para preservar los activos de Venezuela. De esta manera, no podemos llegar a otra conclusión: quienes usurpan el poder son los verdaderos culpables de obstaculizar la protección de CITGO.
Instamos a la opinión pública a no dejarse engañar por las campañas de desinformación de un régimen ilegal e ilegítimo, cuyo único objetivo es ocultar su propia responsabilidad en la destrucción de la industria venezolana de los hidrocarburos.
Estamos dispuestos a defender nuestra gestión, en todos los ámbitos nacionales e internacionales, para dejar claro que es el régimen de Nicolás Maduro el actual responsable de la grave situación que confrontamos. Al mismo tiempo, abogamos porque se sigan sumando todos los esfuerzos para alcanzar una transición democrática en Venezuela. La expresión de la voluntad de cambio de los venezolanos expresada en las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, ya da muestra del camino correcto que hay que seguir, a pesar de que unos pocos intenten ignorarlo.