Ruptura de alto el fuego y control del régimen impiden ayuda a Myanmar
Información IPS Venezuela
Más de dos semanas después de que un devastador terremoto azotara el centro de Myanmar, la junta militar está dirigiendo flujos de ayuda internacional a los centros urbanos que controla, mientras bombardea a civiles en zonas controladas por las fuerzas de la resistencia, rompiendo así el alto el fuego.
Con la cifra confirmada de muertos por el terremoto del 28 de marzo que casi alcanza los 4000, se intensifican los esfuerzos de ayuda internacional, liderados por China, aliado del régimen, y a los que se suman otros países vecinos, como India, Bangladés y Tailandia, así como importantes agencias de ayuda y la Comisión Europea.
Pero la magnitud del desastre, que afectó a aproximadamente dos millones de personas, ha revelado las limitaciones de recursos y personal de la junta instaurada en 2021 tras cuatro años de guerra civil y con las estructuras estatales en materia de salud y educación gravemente debilitadas por el Movimiento de Desobediencia Civil.
“No hemos recibido ninguna ayuda de las autoridades. La asistencia es casi inexistente. La capacidad de rescate de las autoridades es muy limitada. Los equipos de rescate llegaron a las comunidades afectadas muy tarde, por lo que estamos viendo más pérdidas de las que deberían haber ocurrido”, dijo a IPS Ko Soe, cuya casa de dos pisos en la ciudad de Myit Thar, en la división o región central de Mandalay, ya no es habitable.
“Estamos soportando una enorme carga financiera porque no podemos permitirnos reparar nuestra casa. Me duele ver a otras personas que han perdido a sus seres queridos y sus hogares, y me siento culpable por no poder ayudar”, dijo a IPS.
Él y otros sobrevivientes han acusado al régimen de no permitir que los trabajadores de la salud que renunciaron al sector público en protesta contra el golpe de Estado de 2021 atiendan a los heridos. Las clínicas y hospitales privados, a cargo de antiguos médicos y enfermeras estatales, habían cerrado antes del terremoto y no se les permite reabrir.
Los precios de los alimentos, el combustible y otros productos básicos están subiendo, y la gente teme la delincuencia y los saqueos en las zonas afectadas por el terremoto en Birmania, como se sigue llamando al país en Occidente.
«Con todos estos desafíos, el ejército también está reclutando a personas contra su voluntad», declaró Ko Soe.
En muchas zonas, las labores de socorro son impulsadas por personas y organizaciones benéficas locales, con la ayuda de donaciones y también del dinero enviado por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, en inglés), un gobierno paralelo creado por legisladores derrocados en el golpe y que opera en parte desde fuera del país.
La destrucción de puentes, carreteras, suministro eléctrico y telecomunicaciones ya ha obstaculizado las labores de socorro, y la junta está ejerciendo todo el control posible.
El subjefe militar Soe Win declaró el 5 de abril que las organizaciones de ayuda humanitaria no podían operar de forma independiente y requerían la autorización del régimen. Muchas se han visto obligadas a abandonar sus misiones. Un número indeterminado de voluntarios ha sido arrestado, y algunos reclutados.
Para el 6 de abril, sin esperanza de encontrar más supervivientes, los equipos extranjeros de búsqueda y rescate, incluidos los de Singapur, Malasia e India, se marchaban. Algunos donaron equipo al servicio de bomberos de Myanmar.
Las sociedades de la Cruz Roja de varios países, incluido el Reino Unido, trabajan principalmente a través de la Cruz Roja de Myanmar, que es, en realidad, un ala de la junta.
El Consejo de Administración Estatal (SAC, en inglés), encabezado por el general Min Aung Hlaing, ha priorizado las labores de socorro y ayuda en Nay Pyi Taw, bastión militar y ciudad emblemática declarada capital en 2005, y en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, así como en templos y monasterios budistas.
“Perdí a mi tía y a mi sobrina de cuatro años cuando se derrumbó su casa. Solo queda una pared en pie. Nuestra ciudad tiene muchos edificios antiguos y muchos se derrumbaron en el terremoto”, declaró Thin Thin, de la ciudad de Yamethin, en la división de Mandalay.
“El gobierno (la junta) no nos ofrece ninguna ayuda. Solo la gente del vecindario ayuda a limpiar los escombros. Todo lo que necesitamos para reconstruir la casa ahora es carísimo. Lo que necesitamos es asistencia en efectivo”, dijo a IPS.
David Gum Awng, viceministro de cooperación internacional del NUG, que intenta coordinar las labores de socorro siempre que es posible, afirmó que el régimen estaba restringiendo el acceso a zonas fuera del control de la junta, en particular en la región de Sagaing, epicentro del terremoto de magnitud 7,7 y donde el conflicto ha sido agudo durante varios años. Los ataques aéreos del régimen han continuado allí.
Informó a IPS que el NUG colaboraba con agencias de la ONU y grupos internacionales de ayuda humanitaria para ampliar su alcance, brindando seguridad, despejando rutas y compartiendo información.
«Las perspectivas de paz están en el limbo, ya que la junta no ha mostrado ninguna señal ni disposición para una paz duradera y positiva», afirmó.
«Las tropas de la SAC [junta] siguen involucradas en combates activos, ofensivas y ataques con drones, lo que dificulta aún más las labores de ayuda humanitaria», añadió. «Si la junta se toma en serio la paz sostenible, puede liberar fácilmente primero a todos los presos políticos y cesar todas sus ofensivas. Ese sería un excelente comienzo, y aún no ha sucedido».
El NUG afirmó que, desde el 28 de marzo, cuando se produjo el terremoto, hasta el 8 de abril, la junta había llevado a cabo 92 ataques aéreos y de artillería, que causaron la muerte de 72 civiles, entre ellos 30 mujeres y seis niños. Las regiones de Sagaing y Mandalay fueron las más atacadas.
El 2 de abril, bajo presión internacional, la junta declaró un alto el fuego condicional de tres semanas, que rompió de inmediato, y ha acusado a varios grupos armados étnicos y a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de romper sus propias declaraciones de alto el fuego.
En el remoto estado occidental de Chin, una alianza de fuerzas armadas étnicas capturó la segunda semana de abril el bastión militar de Falam tras un asedio de cinco meses, mientras que existen informes de que la junta podría recuperar el control de Lashio, una ciudad clave en el estado de Shan.
Con el ejército desplegando sus fuerzas en múltiples frentes y debilitado por las deserciones y las bajas, ha tenido poco margen o interés en ayudar tras el terremoto.
«El ejército, con muchos más recursos, en su mayor parte solo ha desplegado pequeños grupos de soldados para proteger edificios importantes, escoltar a generales visitantes y limpiar escombros en importantes sitios budistas. Los habitantes de Mandalay afirman que los soldados no han logrado evitar los saqueos en la ciudad», informó Frontier Myanmar, un medio de comunicación independiente.
En medio de la guerra y el caos tras el terremoto, el régimen —que controla las principales ciudades, pero solo alrededor de un tercio del territorio— reiteró su intención de celebrar elecciones en cuatro semanas, entre finales de 2025 y principios de 2026.
Se fijó el 9 de mayo como fecha límite para la formación de nuevos partidos políticos. Muchos partidos, incluida la Liga Nacional para la Democracia (LND), que ganó las elecciones de 2020 anuladas por los militares, ya han sido ilegalizados y seguramente boicotearán los comicios. La líder de la LND, Aung San Suu Kyi, permanece en prisión en la capital.
Min Aung Hlaing, quien solo ha podido realizar algunos viajes al extranjero desde que tomó el poder, asistió a una cumbre regional organizada por Tailandia en Bangkok el 4 de abril.
Al margen, el general de 68 años se reunió con Muhammad Yunus, jefe del gobierno de transición de Bangladesh, quien ha presionado a Myanmar para que comience a repatriar a algunos de los 1,3 millones de refugiados musulmanes rohinyá, la mayoría forzados a entrar en Bangladesh en una ola de limpieza étnica en 2017.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Ese mismo día, la oficina de prensa del gobierno de Bangladesh informó que Myanmar había confirmado que 180 000 refugiados rohinyá cumplían los requisitos para regresar.
El proceso de repatriación lleva años estancado. Muchos refugiados se niegan a regresar mientras se les niegue la ciudadanía y otros derechos.
Mientras tanto, el régimen de Myanmar ha perdido el control de gran parte del estado fronterizo de Rakáin ante el Ejército de Arakan, de mayoría nacionalista budista, lo que pone en duda la viabilidad de cualquier operación de repatriación a gran escala.
“Mientras el pueblo de Myanmar llora a sus muertos, el general Min Aung Hlaing disfruta de un momento diplomático de tranquilidad”, comentó Frontier Myanmar en un editorial, destacando su primer viaje a un país del sudeste asiático desde principios de 2021 y sus apretones de manos en Bangkok con el primer ministro tailandés, Paetongtarn Shinawatra, y el primer ministro indio, Narendra Modi.
Los medios de comunicación, controlados por la junta, han destacado los aproximadamente 20 países que envían ayuda a Myanmar, en particular cómo Min Aung Hlaing conoció a Elliott Tenpenny, un médico estadounidense que dirigía un hospital de campaña en el municipio de Zabuthiri, cerca de la capital, para la Unidad Internacional de Respuesta a Desastres de Samaritan’s Purse, una organización benéfica cristiana evangélica estadounidense.
Se citó a Min Aung Hlaing agradeciendo al gobierno y al pueblo estadounidense por su ayuda. No se mencionó ninguna sanción estadounidense contra su régimen.
La administración estadounidene de Donald Trump afirmó haber asignado inicialmente tres millones de dólares únicamente para la ayuda humanitaria tras el terremoto de Myanmar.
La agencia de noticias Reuters informó que un equipo de tres personas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) fue notificado sobre el terreno de su despido tras el desmantelamiento de la red oficial de ayuda por parte de la administración.
La Unión Europea respondió con 13 millones de euros de ayuda e instó a todas las partes a garantizar el acceso sin trabas. Aseguró que contaba con 12 expertos europeos y dos oficiales de enlace de la UE sobre el terreno para coordinarse con los socios humanitarios.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de las Naciones Unidas, estima que el terremoto sumó dos millones de personas a los 4,3 millones que ya necesitaban asistencia humanitaria en esa zona central. La agencia estimó las necesidades de financiación en 375 millones de dólares.
El NUG afirma haber proporcionado asistencia en efectivo por unos 760 000 dólares a cinco zonas afectadas por el terremoto: las regiones de Sagaing, Mandalay y Bago, el estado meridional de Shan y Naipyidó.
Incluso antes del terremoto, la ONU estimaba que casi 20 millones de personas en Myanmar necesitaban asistencia humanitaria y que 3,5 millones estaban desplazadas internamente por el conflicto.
El analista de International Crisis Group, Richard Horsey, estimó que los costos de reconstrucción ascenderán a decenas de miles de millones de dólares, sumas con las que Myanmar, empobrecida y devastada por la guerra, solo puede soñar.
Varios periodistas de IPS colaboraron con este reportaje desde dentro de Myanmar. Se omite sus nombres por razones de seguridad.