Protección de DDHH, crucial para lograr objetivos de salud pública contra el sida
Información IPS Venezuela
Las lagunas en la realización de los derechos humanos podrían impedir que el sida deje de ser una amenaza para la salud pública en 2030, ha advertido Onusida este martes 26 al dar a conocer un informe con motivo del Día Mundial del Sida, que se realiza el 1 de diciembre.
En el informe, titulado «Sigamos el camino de los derechos«, el programa afirma que la respuesta mundial al VIH se encuentra en un punto de inflexión y que las decisiones que tomen ahora los gobiernos determinarán si la pandemia del sida deja de ser una amenaza para la salud pública al final de la década, un compromiso recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Destaca que una letanía de abusos generalizados de los derechos, como la negación de la educación a las niñas, la impunidad de la violencia de género, las detenciones de personas por lo que son o por a quienes aman, y otras barreras para acceder a los servicios relacionados con el VIH.
Son realidades que están poniendo en peligro los esfuerzos para acabar con la pandemia.
El grupo ha pedido a los líderes mundiales que garanticen el respeto de los derechos para que todas las personas que lo necesiten puedan acceder a los programas que salvan vidas y se pueda acabar con el sida, o arriesgarse a un futuro de enfermedades innecesarias, muertes y costes interminables.
«Acabar con el sida es totalmente posible: el camino está claro. Los líderes sólo deben elegir seguirlo», dijo a IPS Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Onusida, el acrónimo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida.
En los últimos años, activistas contra el VIH/sida y expertos en salud pública han señalado cada vez más los efectos de la represión de los derechos humanos en los esfuerzos para combatir el VIH/sida.
Han destacado la creciente marginación y estigmatización de las poblaciones clave, incluidas las personas LGBTI+ y los consumidores de drogas, en varios países, incluida la introducción de leyes que discriminan directamente a esas comunidades. Mientras tanto, los derechos de la mujer siguen estando reprimidos o no se respetan plenamente en muchas partes del mundo.
El informe de Onusida señala que, en la actualidad, solo tres países no han registrado enjuiciamientos en los últimos 10 años por no revelación del estado serológico respecto al VIH, exposición o transmisión, y no tienen leyes que penalicen el trabajo sexual, las relaciones homosexuales, la posesión de pequeñas cantidades de drogas, la transexualidad o la no revelación del estado serológico respecto al VIH, exposición o transmisión.
También muestra que 44 % de todas las nuevas infecciones por VIH en el mundo se producen entre mujeres y niñas.
Los activistas afirman que es esencial que se eliminen las leyes penales y de otro tipo que atentan contra los derechos de las personas, y que al mismo tiempo se promulguen leyes y políticas que defiendan los derechos de todas las personas afectadas por el VIH y el sida.
«La ciencia no puede ser más clara: la criminalización prolonga la epidemia de VIH y erosiona la confianza en el sistema sanitario, necesaria no sólo para una respuesta eficaz al VIH, sino también para una respuesta más amplia a la pandemia. Pero estas lagunas pueden superarse, lo que falta es voluntad política», dijo a IPS Asia Russell, directora ejecutiva del grupo de campaña Health GAP.
Sin embargo, existe la preocupación de que, en un contexto de creciente autoritarismo y retroceso de los derechos en muchos países, esto suponga un reto.
«Utilizar a las comunidades como chivos expiatorios y criminalizarlas es una herramienta a la que recurren cada vez con más frecuencia dictadores y autócratas, lo que aleja a la gente de los servicios de salud que salvan vidas y hace que todas las comunidades sean menos seguras», dijo Russell.
Ganna Dovbakh, directora ejecutiva de la Red Euroasiática de Reducción de Daños (EHRA), fue aún más lejos, al sugerir que la criminalización generalizada significaba que conseguir el fin del sida como amenaza para la salud pública parecía «cada vez más una quimera».
«Parece poco realista. Teniendo en cuenta los movimientos contra el género y los derechos humanos en todo el mundo, suena demasiado ambicioso», dijo a IPS.
El informe plantea la preocupación de cómo la falta de garantía de los derechos humanos está afectando a los esfuerzos para luchar contra el VIH/sida y la posibilidad de que la inacción en la materia detenga o incluso invierta los progresos en la lucha contra la enfermedad.
Pero Onusida señala que ha habido éxito en los países donde se han adoptado enfoques centrados en las personas para luchar contra el VIH.
Siete países africanos (Botsuana, Eswatini, Kenia, Malaui, Ruanda, Zambia y Zimbabue) ya han alcanzado los objetivos de Onusida en materia de pruebas y tratamiento (95-95-95) para la población general.
«Esto es un testimonio de la solidaridad mundial, del liderazgo político africano y de la sólida colaboración entre gobiernos, comunidades, sociedad civil, ciencia y sector privado», afirmó Byanyima.
Aunque en Estados Unidos, Rusia, Uganda, Kenia, Tanzania y otros países aumentan las amenazas de los fundamentalistas antiLGBTI+, no todos los países adoptan ciegamente la penalización, afirmó Russell.
Algunos gobiernos, por el contrario, han rechazado recientemente este enfoque, como el de Namibia, señalando el origen racista y colonial de tales leyes y su efecto desestabilizador no en la respuesta al VIH, sino en la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, el informe deja al descubierto la magnitud del reto mundial para acabar con el sida a finales de esta década.
En 2023, había 39,9 millones de personas en el mundoque vivían con VIH. De ellas, 9,3 millones de personas seguían sin recibir terapia antirretrovírica, y 1,3 millones de personas habían contraído el VIH recientemente.
En las regiones en las que el número de nuevas infecciones por el VIH está creciendo más rápidamente, solo se está avanzando muy lentamente en la ampliación de la profilaxis preexposición (PPrE).
Según el informe, estas regiones también van a la zaga del África subsahariana en cuanto a los progresos realizados para alcanzar los objetivos de «95 95 95» en pruebas y tratamiento del VIH.
También se afirma que la cobertura de los servicios de prevención entre las poblaciones con mayor riesgo de contraer el VIH es muy baja, normalmente inferior a 50 %, y que las infecciones por el VIH están aumentando en al menos 28 países de todo el mundo.
Según Byanyima, «estos países deben revisar sus políticas y programas y adoptar un enfoque basado en los derechos para dar un giro a sus epidemias».
A pesar de ello, el grupo sigue siendo optimista en cuanto a la posibilidad de acabar con la enfermedad como amenaza para la salud pública para finales de la década si los gobiernos toman medidas ahora.
«Todavía es posible, pero los líderes deben actuar ya para desmantelar las barreras sanitarias. Mantengo la esperanza, pero sólo será posible si los países con epidemias en expansión cambian de rumbo y protegen los derechos de todos para proteger la salud de todos», afirmó Byanyima.
Otros están de acuerdo, pero afirman que es probable que haya que presionar a los gobiernos para que tomen las medidas necesarias para acabar con el sida.
«Disponemos de las intervenciones que pueden acabar con la crisis del sida si se aplican a gran escala, con las personas más necesitadas en primera línea y no relegadas a un segundo plano. Lo que falta es un acceso equitativo a los avances de la ciencia y los derechos humanos y la voluntad política», dijo Russell.
Los argumentos a favor de cerrar la brecha de financiación del VIH, revertir las leyes criminalizadoras y acelerar el despliegue de tecnologías de prevención superiores no podrían ser más sólidos.
«Por desgracia. Muchos gobiernos no están mostrando, por sí solos, el liderazgo que necesitamos… es necesario presionar ahora para obligar a la acción gubernamental la voluntad política en respuesta a la crisis del sida rara vez se produce por benevolencia; surge en respuesta a la presión de la responsabilidad de las comunidades», añadió.
Mark Harrington, director ejecutivo de la organización de campaña del Grupo de Acción de Tratamiento, dijo a IPS que «décadas de avances en la ciencia médica significan que el conjunto de herramientas que tenemos para prevenir y tratar el VIH, y para asegurar que las personas puedan vivir una vida larga y saludable independientemente de su estado serológico, es mejor que nunca».
Pero que hay que presionar a los gobiernos, adujo, «para que se aseguren de que responden a las necesidades sanitarias de su población para cumplir la promesa de todos estos resultados de décadas de investigación y activismo».
A su juicio, hay que crear y reforzar continuamente la voluntad política.
«Como activistas, ese es nuestro trabajo. En las últimas cuatro décadas, científicos y activistas han logrado avances increíbles contra una enfermedad antes intratable. Tenemos que seguir recordando a los responsables políticos sus deberes y a las comunidades sus derechos a la salud», dijo Harrington.