Mantenerse firme: la sociedad civil al frente de la resistencia climática
Andrew Firmin, redactor jefe de Civicus, la alianza internacional de la sociedad civil
Cortesía IPS Venezuela
El reciente caso judicial en Estados Unidos, que ordenó a tres organizaciones de Greenpeace pagar más de 660 millones de dólares en daños a una empresa de petróleo y gas, fue un golpe contundente contra los esfuerzos de la sociedad civil para detener el cambio climático desbocado y la degradación ambiental.
El veredicto, tras un juicio que los testigos independientes consideraron extremadamente injusto, se produjo como reacción a las protestas indígenas contra el oleoducto.
Es vital para cualquier posibilidad de hacer frente a la crisis climática que la apelación de Greenpeace tenga éxito, porque sin la presión de la sociedad civil, simplemente no hay esperanza de que los gobiernos y las empresas tomen las medidas necesarias.
La sociedad civil está más acostumbrada a ganar que a perder los casos judiciales sobre el clima y el medio ambiente.
Como se describe en el Informe sobre el estado de la sociedad civil en 2025 de Civicus, los litigios se han convertido en una parte vital de la estrategia de la sociedad civil.
Solo el año pasado, un grupo de mujeres suizas ganó un precedente histórico en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictaminó que el gobierno estaba violando sus derechos al no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur concluyó que la falta de objetivos de reducción de emisiones violaba los derechos constitucionales de los jóvenes. Otros fallos positivos se produjeron en países como Ecuador, India e Italia. En el último recuento, se habían presentado demandas climáticas en 55 países.
Pero las empresas de combustibles fósiles se han dado cuenta de los éxitos de la sociedad civil en los litigios y también están recurriendo a los tribunales.
Tienen los bolsillos profundos necesarios para contratar a abogados caros y mantener acciones legales durante muchos años agotadores. Las empresas de combustibles fósiles han presentado más de 150 demandas destinadas a silenciar las críticas solo en Estados Unidos desde 2012.
Restricciones a las protestas
La sociedad civil está haciendo todo lo posible para exigir una acción climática que esté a la altura de la crisis, y está logrando victorias combinando tácticas como las protestas callejeras, la acción directa no violenta y los litigios, pero está siendo atacada.
En muchos países se está encarcelando a manifestantes pacíficos y los activistas se enfrentan a la violencia.
Además del efecto amedrentador que tienen en las protestas las demandas judiciales como la presentada contra Greenpeace, los gobiernos de varios países están criminalizando formas legítimas de protesta.
A nivel mundial, los activistas climáticos y los defensores de los derechos medioambientales, territoriales e indígenas se encuentran entre los grupos más perseguidos.
La violencia de las fuerzas de seguridad y las detenciones y arrestos masivos, en particular de manifestantes, corren el riesgo de normalizarse.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
El año pasado, en los Países Bajos, las autoridades detuvieron a miles de personas por participar en protestas masivas con barricadas en las carreteras para exigir al gobierno que cumpliera su promesa de poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles.
En Francia, la policía hizo uso de la violencia en una protesta contra la construcción de carreteras en junio y prohibió otra en agosto.
En Australia, los activistas que se oponían a una enorme terminal de carbón y a un proyecto de gas fueron algunos de los detenidos en 2024.
En Uganda, los activistas que se oponen al oleoducto de petróleo crudo de África Oriental siguen enfrentándose a la represión estatal. El año pasado, las autoridades arrestaron arbitrariamente a 11 activistas de la campaña. Estos activistas han sufrido intimidación y presión para que dejen de serlo.
En tanto, los activistas del grupo Mother Nature de Camboya pagaron un alto precio por su trabajo al intentar hacer frente a poderosos intereses económicos y políticos que buscan explotar el medio ambiente. En julio del año pasado, 10 jóvenes activistas recibieron largas penas de cárcel tras documentar la contaminación de un río.
Algunos Estados, como el Reino Unido, han reformulado las leyes sobre protestas para ampliar el abanico de delitos, aumentar las penas y reforzar los poderes policiales.
En julio de 2024, cinco activistas de Just Stop Oil fueron condenados a brutales y largas penas de hasta cinco años por planear una protesta con un bloqueo de carretera. El Reino Unido arresta ahora a los manifestantes ecologistas a un ritmo tres veces superior a la media mundial.
El gobierno de extrema derecha de Italia está también introduciendo nuevas restricciones.
El año pasado, el parlamento aprobó una ley sobre lo que llama «vándalos ecológicos» a los protagonistas de las llamativas campañas de concienciación en monumentos y sitios culturales. Se está introduciendo otra ley represiva que permitirá penas de hasta dos años por protestas con bloqueos de carreteras.
La lucha continúa
Sin embargo, la sociedad civil seguirá luchando por la acción, que es más urgente que nunca. 2024 fue el año más caluroso registrado, y estuvo repleto de fenómenos meteorológicos extremos, más probables y frecuentes debido al cambio climático. Se está haciendo demasiado poco.
Las compañías de combustibles fósiles continúan con su comercio mortal. Los gobiernos del Norte global, históricamente los mayores emisores de gases de efecto invernadero, están diluyendo los planes a medida que los políticos de derecha ganan influencia.
Los compromisos internacionales como el Acuerdo de París sobre cambio climático muestran ambición en el papel, pero no se logra lo suficiente cuando los Estados se reúnen en cumbres como la 29 Conferenia de las Partes (COP29) sobre cambio climático, que se celebró en noviembre último.
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Existe una enorme brecha de financiación entre lo que se necesita para que los países puedan hacer la transición a economías bajas en carbono y adaptarse al cambio climático.
Los países del Sur global quieren que las economías más poderosas, que se han beneficiado de las industrias que han causado la mayor parte del cambio climático, paguen su parte.
Pero de los 1,3 billones (millones de millones) de dólares anuales que se necesitan, lo máximo que los estados del Norte global acordaron en la COP29 fue 3000 millones de dólares al año.
Las empresas de combustibles fósiles tampoco están pagando su parte.
En las últimas cinco décadas, el sector del petróleo y el gas ha obtenido beneficios de una media de 2800 millones de dólares al día. Sin embargo, esas compañías están reduciendo actualmente las inversiones en energías renovables y planeando aún más extracción, mientras utilizan sus grandes recursos para presionar en contra de las medidas para frenarlas.
Hacer que las normas fiscales mundiales sean más justas y eficaces también ayudaría: se podrían recuperar 492 000 millones de dólares al año cerrando las lagunas fiscales extraterritoriales, mientras que los impuestos sobre la riqueza excesiva de los superricos podrían desbloquear 2,1 billones de dólares al año, más que suficientes para hacer frente a la crisis climática.
La sociedad civil seguirá presionando, porque cada fracción de grado en el aumento de la temperatura es importante para millones de personas. El cambio no solo es necesario, sino posible. Por ejemplo, tras una amplia defensa de la sociedad civil, el Reino Unido cerró su última central eléctrica de carbón en septiembre del año pasado.
La sociedad civil desempeñó un papel importante en la campaña a favor de la Directiva de la Unión Europea (UE) sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial, que exige a las grandes empresas que se ajusten al Acuerdo de París.
Y el pasado mes de diciembre, la Corte Internacional de Justicia comenzó a escuchar un caso presentado por un grupo de Estados insulares del Pacífico, en busca de una opinión consultiva sobre lo que se requiere que hagan los Estados para abordar el cambio climático y ayudar a los países que sufren sus peores impactos.
Este caso histórico se originó en la sociedad civil, cuando grupos de estudiantes instaron a los líderes nacionales a llevar el asunto a los tribunales.
El regreso en enero de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha hecho que el camino a seguir sea mucho más difícil.
El mayor emisor histórico del mundo y el mayor extractor actual de combustibles fósiles ha vuelto a anunciar su retirada del Acuerdo de París, ha desechado las políticas de energía renovable y ha facilitado la extracción de combustibles fósiles.
En respuesta, otras naciones con altos niveles de emisiones deben dar un paso al frente y mostrar un liderazgo climático genuino. Deberían empezar por comprometerse a respetar el derecho de la sociedad civil a pedirles cuentas.
Los Estados y las empresas deben cesar sus ataques contra los activistas climáticos y medioambientales y, en su lugar, asociarse con ellos para responder a la emergencia climática.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.