Los refugiados rohinyás siguen sin estar seguros en Bangladés y menos en Myanmar
Cortesía IPS Venezuela
Las autoridades de Myanmar confirmaron este mes que autorizaba el regreso de unos 180 000 refugiados rohinyás que residían en Bangladés. Con el repéntino corte de Estados Unidos del financiamiento a los campos de refugiados rohinyás en Bangladés y la cada vez más volátil crisis humanitaria en Myanmar, no está clara cuál es la mejor salida para esta minoría musulmana.
La persecución étnica perpetrada por el ejército de Myanmar eb 2017 contra los rohinyás, con ataques armados y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el estado de Rajine, su enclave dentro del país, obligaron a más de un millón de rohinyás a huir en masa hacia la vecina Bangladés, e instalarse mayormente en el conglomerado de campos de Cox\’s Bazar.
Myanmar negó después la ciudadanía al pueblo rohinyá, lo que lo convierte en la mayor población apátrida del mundo. Cox\’s Bazar ha sido descrito como el mayor asentamiento de refugiados del planeta y un emplazamiento al que no dejan de llegar refugiados de esa comunidad.
Solo en el último año, más de 70 000 refugiados rohinyás huyeron a Bangladés.
Por su parte, desde 2018, el gobierno de Daca ha presentado a las autoridades de Naypidó, la capital birmana, los nombres de más de 800 000 refugiados rohinyás para su repatriación.
El gobierno de Birmania, como se sigue llamando en Occidente a Myanmar, anunció el 4 de abril que, además de los 180 000 refugiados rohinyás que ya pueden regresar a su tierra, otros 70 000 están en proceso de una verificación adicional.
Además, el regimen militar entronizado en Myanmar desde el golpe de Estado de 2021, también se anunció que se acelerará el proceso de verificación de otros 550 000 rohinyás que están refugiados en Bangladés, su vecino al oeste con el que comparte el gran golfo de Bengala en el sudeste asiático.
Sin embargo, la crisis humanitaria en Myanmar se ha intensificado considerablemente desde el éxodo rohinyá, con una virtual guerra civil que amenaza la vida de miles de civiles.
Además de la inestabilidad política y económica desenfrenada, el ya diezmado sistema de salud se ha comprometido aún más con el mayor terremoto sufrido por Myanmar en su historia, el 28 de marzo, que dejó más de 3500 muertos, según cálculos provisionales.
Toda esta situación obstaculiza que las organizaciones de ayuda y los dos gobiernos involucrados puedan facilitar retornos seguros, además de la propia desconfianza de los rohinyás a los que se les permite el retorno.
Las organizaciones humanitarias también argumentan que la repatriación no aborda el núcleo del problema que obligó a un millón de refugiados a huir a Bangladés.
\»Después de todos estos años, solo confirman 180 000 nombres. Esto parece nada más que un engaño. Queremos una solución real\», dijo Shafiqur Rahman, un refugiado rohinyá.
\»Myanmar debe aceptarnos a todos, no solo a unos pocos, y debe garantizar que regresemos con plenos derechos, dignidad y ciudadanía. Sin eso, este proceso no significa nada para nosotros\», añadió.
Los refugiados rohinyás en Bangladesh se enfrentan actualmente a condiciones de vida insufribles, como resultado del hacinamiento, la falta de servicios básicos, la violencia, el cambio climático y la explotación.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Bangladés ocupa actualmente el tercer lugar en el mundo entre todos los Estados más afectados por desastres naturales.
El calor extremo, los ciclones, las inundaciones y las fuertes lluvias son síntomas habituales del cambio climático en Bangladés que afectan de manera desproporcionada a la población rohinyá.
\»Estos campamentos, y las comunidades que los acogen, están en primera línea de la crisis climática. Los veranos son abrasadores y la posibilidad de que se produzcan incendios se dispara. En las temporadas de ciclones y monzones, las inundaciones y los peligrosos corrimientos de tierra destruyen hogares y vidas\», dijo el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, durante una visita a Cox\’s Bazar en marzo.
El hacinamiento también ha dado lugar a una inseguridad desbordada en ese grupo de campamentos.
Según estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 50 % de la población desplazada en estos campamentos son mujeres y niñas, que se enfrentan a mayores riesgos de violencia de género y explotación sexual.
Además, los refugiados rohinyás han informado a Médicos Sin Fronteras (MSF) que persisten altos niveles de violencia en los campos de Cox\’s Bazar, especialmente después del anochecer.
\»Cuando oigo ruidos fuertes, es como si volviera a Myanmar\», dijo un refugiado rohinyá a esa organización. \»Los sonidos me traen de vuelta todo el miedo, el miedo a que venga alguien, a que me lleven o algo peor. Mi corazón se acelera cada vez. No puedo dormir. Quiero sentirme seguro, pero es difícil\», añadió.
Según estimaciones de MSF, más de 1000 jóvenes fueron reclutados por grupos armados en 2024 para luchar en Myanmar.
Las víctimas de la violencia también rara vez buscan justicia o atención médica por miedo a represalias. Muchos pacientes tienen miedo de salir de sus refugios para buscar atención médica debido a la amenaza de violencia contra sus familias.
\»Temen que si se les ve yendo a un centro médico, sus casas podrían ser atacadas o sus familiares podrían resultar heridos\», dice un consejero de salud mental de la clínica de Jamtoli, uno de los campos que conforman Cox\’s Bazar. \»Este miedo tiene su origen en incidentes de violencia pasados, como el incendio intencionado de refugios\», detalla.
La amenaza constante de violencia ha hecho que muchos refugiados duden en buscar la atención médica que necesitan.
Las organizaciones humanitarias y los periodistas que cubren los campos rohinyás en Bangladés coinciden en que, en medio de una situación que es permanentemente crítica, la decisión del gobierno de Donald Trump de dejar sin casi recursos a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) complicará aún más los esfuerzos de repatriación y la disponibilidad de servicios de protección para los refugiados rohinyás.
Guterres describió Cox\’s Bazar como la \»zona cero\» de las consecuencias más nefastas de los recortes de financiación dela Usaid desde febrero, y añadió que se convertiría en un \»desastre absoluto\».
Según Rana Flowers, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Bangladés, los recortes en las subvenciones estadounidenses para el país Bangladesh supondrán \»una reducción significativa de los servicios para los niños (rohinyás), poniendo en riesgo su supervivencia, seguridad y futuro\».
Además, \»los sistemas de salud se debilitarán significativamente, lo que «se deteriorará, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades mortales con efectos indirectos para la seguridad de la salud pública\», advirtió Flowers.
Para la representante de Unicef, es imprescindible abordar las cuestiones fundamentales que expulsaron a los rohinyás de Myanmar para facilitar un retorno pacífico y lograr una solución duradera.
Para Flowers, los refugiados rohinyás \»aún no pueden regresar a sus hogares de forma segura y no tienen derecho legal a trabajar\».
Para garantizar un retorno seguro de los refugiados rohinyás, las diferente organizaciones de Naciones Unidas que trabajan con ellos, coinciden en que debe haber un flujo continuo de financiación a Myanmar que permita aumentar los servicios de protección.
Debe abordarse, además, la cuestión de la persecución de los rohinyás en Myanmar. Un cambio en la legislación que conceda la ciudadanía de Myanmar al pueblo rohinyá es crucial para lograr una repatriación pacífica y permanente.
También debe haber transparencia y rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario.
\»La responsabilidad por el inmenso sufrimiento de los rohinyás comienza en la cúpula. Min Aung Hlaing, que dirigió la campaña genocida, está ahora al frente de una junta militar ilegal e ilegítima que ataca a la población civil en todo Myanmar. Debe ser llevado ante la justicia y obligado a responder por sus crímenes\», declaró Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar.
Añadió que \»los rohinyás están cansados de promesas vacías. Sus hijos no pueden comer retórica política o resoluciones de la ONU que no llevan a ninguna parte. Necesitan y merecen que el mundo ponga fin a la parálisis mortal de la indiferencia\».
Andrews concluyó que \»se necesitan medidas inmediatas para que los responsables de genocidio rindan cuentas y para poner fin al sufrimiento y salvar las vidas de los rohinyás que se encuentran dentro y fuera de las fronteras de Myanmar.