Impunidad evita que justicia avance en crímenes de guerra en América Central
Cortesía de IPS
La impunidad que grupos de poder político y económico han entronizado en América Central ha impedido que avancen los casos judiciales de masacres y otros crímenes de guerra cometidos en esta región en los años 80, cuando en países como Guatemala y El Salvador se libraban guerras civiles.
Cuando finalmente esos conflictos terminaron, en 1992, en el caso de El Salvador, y en 1996, en el de Guatemala, organizaciones de derechos humanos iniciaron juicios contra criminales de guerra, pero esos casos siguen chocando contra ese muro de la impunidad en los sistemas de justicia, que no deja que por fin se conozca la verdad.
Las masacres de indígenas en Guatemala y de campesinos e incluso de sacerdotes jesuitas en El Salvador, son muestra de que la justicia en América Central aún tiene un largo camino que recorrer para ayudar a sanar las heridas que dejaron las guerras.
“En El Salvador la justicia siempre ha sido un artículo de comercio, que se vende al mejor postor. Y el mejor postor está detrás de los militares que ordenaron los asesinatos”, dijo a IPS el activista de derechos humanos Benjamín Cuéllar, en referencia a la llamada Masacre de la Universidad Centroamericana (UCA).
“En El Salvador la justicia siempre ha sido un artículo de comercio, que se vende al mejor postor”: Benjamín Cuéllar.
En noviembre de 1989, en medio de la que se considera la mayor ofensiva guerrilla en América Latina, un comando del ejército entró al campus de esa universidad y asesinó a sangre a fría a seis sacerdotes jesuitas, entre ellos al rector, Ignacio Ellacuría, uno de los exponentes de la Teología de la Liberación en América Latina.
Los religiosos eran intelectuales que gerenciaban el campus y daban clases sobre filosofía, sicología y sociología, entre otras ramas.
Como la orden era no dejar testigos, asesinaron también a la mujer que trabajaba con ellos en tareas domésticas, Julia Elba Ramos, y a su hija adolescente, Celina Ramos.
La guerra civil en El Salvador, de 1980 a 1992, dejó unos 75 000 muertos y más de 8000 desaparecidos
El muro de la impunidad
Los militares consideraban a los jesuitas de la UCA, y especialmente a Ellacuría, como ideólogos de la izquierda en el país, aunque en realidad los religiosos abogaban por una sociedad más justa y estaban a favor de una solución negociada del conflicto, algo que sucedería en 1992 pero que ya no alcanzaron a ver.
“Durante la guerra civil, los militares eran financiados por Estados Unidos pero también por los dueños de la finca”, continuó Cuéllar, al referirse con lo de “dueños” a los poderes oligárquicos que tenían a su servicio al ejército para que mantuvieran el statu quo.
El caso de la masacre de los jesuitas, como también se le conoce, ha venido tropezando en un sistema de justicia viciado.
Según Cuéllar, la impunidad comenzó a gestarse en El Salvador de posguerra desde el momento mismo en que terminó el conflicto, en 1992, y los militares y la cúpula del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) dieron el visto bueno para que la Asamblea Legislativa, unicameral, aprobara una Ley de Amnistía sin restricciones, en marzo de 1993.
Sin embargo, un año antes habían acordado y elaborado un borrador para que esa amnistía no incluyera crímenes de guerra y de lesa humanidad, algo que no se plasmó en el texto final, dijo el activista.
“Los casos (de crímenes de guerra y de lesa humanidad) tenían que ser investigados por la Comisión de la Verdad, y luego pasar a los tribunales y al sistema de justicia”, como lo estableció el numeral cinco del capítulo uno, de los acuerdos de paz, señaló Cuéllar.
Y añadió: “Se puso eso para que la justicia funcionara y tuviera un efecto ejemplarizante. Era como decir, de ahora en adelante ya no habrá nadie que esté por encima de la ley”.
La Ley de Amnistía fue declara inconstitucional en julio de 2016, y a partir de ahí se abrió una nueva ventana para que los familiares de los sacerdotes y de las dos mujeres encontraran justicia.
No obstante, de nuevo las maniobras bajo la mesa incluyeron en esa declaratoria que habría excepciones, y esa rendija no permitió que el caso avanzara.
En 2008, el Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA) interpuso una querella criminal en Madrid contra el antiguo presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) y 14 antiguos oficiales militares por su papel en la masacre.
“Cristiani fue acusado por encubrimiento y comisión (de delito) por omisión”, contó Cuéllar. “No dio la orden de que se cometiera la masacre, pero sí lo encubrió”, puntualizó.
Ahora que gobierna el país Nayib Bukele, el presidente neopopulista de derecha, el caso tampoco ha estado exento de manipulaciones.
En enero de 2022, la Sala de lo Constitucional, una de las cinco que componen la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, anuló un fallo emitido en septiembre de 2020 por la Sala de lo Penal, que había resuelto cerrar el caso.
Con la resolución de la Sala, el caso se reabrió en mayo de 2022.
Pero eso se interpretó como una maniobra de propaganda para dar la imagen de que en El Salvador se estaba avanzando en resolver aquellos casos de la guerra civil, además de ser, de hecho, una vendetta contra Cristiani, a quien Bukele ve como acérrimo enemigo político.
En noviembre de 2024, una audiencia preliminar ordenó que nueve militares retirados implicados deben pasar a juicio, al igual que el expresidente Cristiani y el abogado Rodolfo Parker, exasesor legal del Ministerio de Defensa en 1989.
«Bukele está manejando las cosas con la intención de que a Cristiani hay que acabárselo», consideró Cuellar, en lo que calificó como «una mera manipulación política».
Eso no obvia que el expresidente sí participó como encubridor, dijo Cuéllar, quien fungió como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y ha sido pieza clave en los varios procesos legales iniciados contra los militares acusados en el caso.
Cristiani y Parker habían salido del país con anterioridad, previendo lo que se les venía encima con una justicia controlada casi en su totalidad por Bukele, ahora en su segundo mandato consecutivo, desde junio de 2024.
La masacre del pueblo maya ixil
En Guatemala, el antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García, enfrenta cargos por la matanza de más de 1800 indígenas del pueblo maya ixil, cometida durante la guerra civil en ese país, pero el proceso parece arrastrar la misma mancha de la impunidad que marcó el juicio del general, ya fallecido, Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto en el bienio 1982-1983.
En 2013 Ríos Montt fue encontrado culpable por crímenes de guerra y de lesa humanidad, también contra el pueblo ixil, y condenado a 80 años de cárcel, algo histórico por ser el primer caso de genocidio en Guatemala.
Sin embargo, una resolución de la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso y ordenó repetirlo, en 2013, el mismo año en que Ríos Montt moriría.
“Con lo que ocurrió en el juicio de Ríos Montt, nosotros estábamos convencidos de que al menos íbamos a escuchar sentencia en el caso del general Benedicto Lucas García, ya después tocaría la batalla jurídica”, para enfrentar las apelaciones de la defensa, explicó a IPS el historiador Raúl Nájera, parte del equipo legal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
En entrevista desde Ciudad de Guatemala, agregó: “Pero no sucedió así, no logramos llegar a una condena”.
Abogados de esa institución, creada en 1994, fungen como querellantes, junto a los fiscales, en la causa contra Lucas García, el general llevado al banquillo por ser responsable, según el expediente fiscal, de participar en la masacre de unas 1800 personas del pueblo maya ixil cuando él era el jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala.
Los asesinatos ocurrieron entre 1978 y 1982, durante el gobierno de Fernando Romero Lucas García, hermano de Benedicto.
Se calcula que la guerra civil en Guatemala, de 1960 a 1996, dejó unos 200 000 muertos.
Al igual que en varias de las masacres cometidas contra civiles en la guerra civil salvadoreña, los militares guatemaltecos consideraban a aquellas comunidades indígenas aliadas de la guerrilla, y por ello había que exterminarlas.
Según Nájera, la resolución que anuló el juicio de Ríos Montt estuvo marcada por irregularidades que solo se explican porque la justicia en Guatemala sigue bajo el manto de la impunidad.
Y esa misma impunidad se enfrenta en el caso del ex jefe militar y general retirado Lucas García.
Justicia retorcida
Los fiscales acusaron al general retirado Lucas García en noviembre de 2019, y tras varios años de procedimientos legales preliminares, el juicio finalmente pudo iniciar en abril de 2024.
Los acusadores presentaron 148 peritajes forenses, que confirmaban que las victimas existieron y que fueron masacradas de forma violenta, algunas de las cuales presentaban el tiro de gracia, con proyectiles de armas asignadas al ejército.
Además de los asesinatos, también presentaron evidencias sobre violaciones a niñas y adolescentes, así como desplazamientos forzados, entre otros.
“Todos esos hechos fueron resultado de una operación bien planificada y ejecutada… Benedicto Lucas García elaboró los planes de operaciones militares que terminaron en estas graves masacres”, recalcó Nájera.
El juicio se encontraba ya en la fase final, en diciembre, cuando una argucia legal de la defensa obligó a suspender todo.
Los defensores promovieron un amparo ante la Sala Uno de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia, para que el Tribunal de Mayor Riesgo A, que ventilaba el caso, ya no continuará con las audiencias, alegando que los jueces habían emitido juicios de valor que comprometían su imparcialidad.
Ahora el caso pasaría al Tribunal de Mayor Riesgo B.
“La resolución de la Sala no debió detener el juicio, de hecho, es ilegal detenerlo, se debe responder el requerimiento, pero el juicio debía seguir su curso”, dijo Nájera.
Según Nájera, solo faltaba escuchar los alegatos finales de la defensa, las declaraciones finales del representante de las víctimas y del imputado, Lucas García, para que el tribunal dictara su sentencia.
Detalló que han sido las mismas fuerzas “oscuras” del poder político, militar y económico de Guatemala las que siguen manoseando la justicia, para que no llegue a la verdad en estos casos de crímenes de guerra.
En diciembre, los abogados acusadores interpusieron un amparo contra el fallo de la Sala Uno de Apelaciones, para que el caso siga en el Tribunal de Mayor Riesgo A, que es el que lo ha ventilado y debe emitir sentencia.
La ley establece tres meses para resolver amparos, pero eso puede prolongarse más, con el agravante de que en la batalla de apelaciones de la defensa le tocaría revisar todo a la Corte de Constitucionalidad, plagada de jueces corruptos, dijo Nájera.