De los márgenes a los tribunales: Santa Lucía se une a lucha para derogar leyes coloniales contra personas Lgbti en el Caribe
Cuando Kenita Placide cofundó United and Strong, la primera organización Lgbtiq+ de Santa Lucía, en 2001, las amenazas de muerte eran habituales. A lo largo de los años, varios amigos fueron asesinados por ser homosexuales. Pero 24 años después, la nación insular caribeña de Kenita se ha convertido en la última en derogar un legado colonial que criminalizaba a las personas Lgbtiq+.
El 29 de julio, el Tribunal Supremo del Caribe Oriental, un tribunal regional con sede en Santa Lucía que presta servicios a nueve países y territorios, declaró inconstitucionales los artículos 132 y 133 del Código Penal de Santa Lucía, despenalizando así las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
Esto convirtió a Santa Lucía en el quinto país caribeño en cuatro años en lograr este avance legal a través de los tribunales.
La victoria de Santa Lucía demuestra que la sociedad civil puede seguir avanzando incluso en tiempos de gran retroceso. Ofrece una nueva esperanza a los activistas Lgbtiq+ de los seis países de América que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo: Belice, Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Leyes coloniales, resistencia contemporánea
Todos los países de América que penalizan estas relaciones forman parte de la Comunidad del Caribe (Caricom), donde la prohibición de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo sigue siendo un legado perdurable del dominio colonial británico.
Tras su independencia en 1979, Santa Lucía mantuvo disposiciones penales que castigaban la «sodomía» y la «indecencia grave».
En lugar de liberalizar estas leyes, una enmienda de 2004 amplió la penalización para incluir las relaciones sexuales entre mujeres, con penas de cárcel de entre cinco y 10 años.
Aunque los enjuiciamientos han sido poco frecuentes en las últimas décadas, estas leyes han fomentado el estigma, legitimado los prejuicios y contribuido a la discriminación y la violencia contra las personas Lgbtiq+.
Han obstaculizado el acceso a servicios esenciales, en particular a la atención sanitaria, y han negado a las personas Lgbtiq+ la plena protección jurídica. La sociedad civil ha documentado numerosos casos de acoso verbal, abuso físico y discriminación en los lugares de trabajo y los espacios públicos.
La marea comenzó a cambiar durante la última década. El primer evento público del Orgullo del Caribe de la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones) se celebró en Jamaica en 2015, lo que marcó la creciente visibilidad del movimiento Lgbtiq+. Las leyes comenzaron a cambiar, empezando por una impugnación judicial exitosa en 2016 de Belice, el único país continental de Caricom.
Litigios estratégicos de la sociedad civil
El recurso judicial en Santa Lucía fue impulsado por la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad, fundada por Kenita en 2016, y United and Strong, que pasó de ser una organización dedicada al VIH/sida a un grupo de derechos humanos que documenta abusos, aboga por reformas y presta servicios esenciales.
Juntas, presentaron el caso como parte de una estrategia de litigios en el Caribe puesta en marcha en 2019, interponiendo recursos en cuatro países del Caribe oriental —Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía— además de Barbados, que tiene su propio sistema judicial.
La demanda argumentaba que disposiciones penales prácticamente idénticas violaban los derechos constitucionales a la intimidad, la igualdad y la libertad. En 2022 se dictaron sentencias favorables en Antigua y Barbuda, Barbados y San Cristóbal y Nieves, mientras que en 2024 prosperó un recurso judicial independiente en Dominica.
La sentencia de Santa Lucía fue especialmente significativa dados los recientes reveses, entre ellos la recriminalización de las relaciones homosexuales consentidas en Trinidad y Tobago en marzo, que revocó una sentencia judicial de 2018, y la desestimación de los recursos contra las leyes contra los homosexuales en San Vicente y las Granadinas el año pasado.
El camino por recorrer: de la despenalización a la igualdad
Aún son necesarias reformas legales. Si bien el Código Laboral de 2006 prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual y la Ley contra la Violencia Doméstica de 2022 protege a las parejas del mismo sexo contra los abusos, siguen existiendo importantes lagunas en materia de protección de la vivienda y los servicios públicos.
Se espera que la labor de defensa de la sociedad civil se centre en ampliar las protecciones legales, la igualdad matrimonial, los derechos de adopción, el reconocimiento de los géneros no binarios, los procedimientos de cambio de género y la prohibición de prácticas nocivas como la terapia de conversión.
Sin embargo, se prevé que los grupos religiosos conservadores, que tienen una gran influencia en muchas sociedades caribeñas, se opongan a nuevos avances, que consideran una amenaza para los valores tradicionales. Las experiencias en Dominica y otros lugares sugieren que es probable que se produzca una reacción violenta.
Las pruebas indican que las leyes avanzan más rápido que la opinión pública. Santa Lucía ocupa ahora el puesto 154 de 198 países en el Índice de Igualdad de Equaldex, que clasifica a los países según su aceptación de las personas Lgbtiq+.
Sin embargo, el índice muestra una brecha significativa entre las limitadas protecciones legales y las actitudes sociales ampliamente negativas, con una puntuación de 46 sobre 100 en derechos legales, mientras que la opinión pública se queda atrás con solo 17 sobre 100.
Si bien los gobiernos y los tribunales pueden promover el reconocimiento de los derechos de las personas Lgbtiq+ mediante reformas legislativas y judiciales, es posible que persistan prejuicios sociales profundamente arraigados.
Los activistas se enfrentan a un doble reto: lograr victorias legales y, al mismo tiempo, emprender la labor más lenta y compleja de cambiar las actitudes. Sin este esfuerzo paralelo, es posible que las protecciones legales no se traduzcan en una igualdad real en la vida cotidiana, dejando a las personas Lgbtiq+ protegidas formalmente, pero aún vulnerables.
Los activistas por los derechos Lgbtiq+ de Santa Lucía aún tienen mucho trabajo por delante, pero su enfoque —que combina la organización de base, los litigios estratégicos, la coordinación regional y décadas de persistencia— ofrece un modelo para otros que luchan por los derechos.
Demuestra que, incluso en contextos conservadores, la sociedad civil puede lograr cambios mediante la creación de coaliciones y la persistencia a lo largo del tiempo. Santa Lucía acaba de ofrecer una nueva esperanza a los activistas que luchan en otras partes del Caribe y del mundo.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.