Costa Rica ante la COP16: compromisos con la biodiversidad y los pueblos indígenas
Información IPS Venezuela
En vísperas de la 16 Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP16), que se realizará entre el lunes 21 y el 1 de noviembre en Cali, en Colombia, la protección de la naturaleza y la inclusión de los pueblos indígenas en las estrategias de conservación de Costa Rica son temas que van generando un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional.
Los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la preservación de la biodiversidad global. Según el Informe de Evaluación Global del IPBES de 2019, 80 % de la biodiversidad restante del planeta se encuentra en territorios manejados por pueblos originarios.
Otras publicaciones han cuestionado dicho porcentaje. Pero estudios como “Indigenous peoples and local communities as partners in the sequencing of global eukaryotic biodiversity”, publicado en Nature en 2023, confirman que cuando las comunidades indígenas gestionan sus tierras, los niveles de conservación son más altos, lo que subraya la necesidad de una participación activa y respetuosa de estos grupos en la toma de decisiones.
Esto también explica en buena medida que dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, exista el artículo 8, literal J, que se propone específicamente preservar la cultura y los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas y locales, así como procurar una distribución equitativa de los beneficios producto de estos sistemas de conocimiento. Este artículo cuenta con un grupo de trabajo y tendrá un lugar importante en la agenda de negociación de la COP16.
No obstante, los pueblos indígenas en Costa Rica enfrentan amenazas graves y directas. La expansión de la agroindustria, los proyectos de infraestructura y los conflictos por la tenencia de tierras han generado un clima de tensión y violencia en los territorios.
En un informe de 2023, la Defensoría de los Habitantes destacó que hay una creciente criminalización de los líderes indígenas que intentan recuperar tierras ancestrales, quienes aseguran que la falta de implementación de políticas de conservación y el despojo continuo de tierras han exacerbado la situación.
“Costa Rica se presenta como un país defensor de derechos humanos, pero en realidad, el Estado violenta constantemente los derechos de los pueblos indígenas”, afirma Pablo Sibas, líder del pueblo Bröran en el Territorio Indígena Térraba, subrayando que la burocracia y la falta de voluntad política han bloqueado las iniciativas de conservación lideradas por las propias comunidades.
Compromisos de Costa Rica en la COP15: ¿una realidad?
En la COP15 de Biodiversidad, celebrada en diciembre de 2022 en Montreal (Canadá), se adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, un acuerdo internacional cuyo objetivo principal es frenar la pérdida de biodiversidad a nivel global y restaurar los ecosistemas para 2030.
Ese marco establece metas ambiciosas para 2030, como proteger al menos 30 % de las áreas terrestres y marinas del mundo, reducir a la mitad la contaminación por plásticos, restaurar 30 % de los ecosistemas degradados y respetar los derechos de los pueblos indígenas en la gestión de la biodiversidad.
En ese entonces, el país centroamericano reafirmó su compromiso por integrar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas en sus políticas de conservación y garantizar su participación en la toma de decisiones.
Este compromiso forma parte de la Política Nacional de Biodiversidad (PNB), marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB2) y se alinea con la Meta 3 del Marco Mundial Kunming-Montreal, que establece la conservación de 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030.
Costa Rica, al igual que otras naciones, se comprometió a expandir sus áreas protegidas, pero lo hizo con la promesa de involucrar a los pueblos indígenas como socios clave.
Sin embargo, para Sibas, estas promesas han quedado en el papel. “El gobierno se comprometió a incluirnos, pero no ha habido una consulta real en nuestros territorios. Nos usan como evidencia de conservación, pero lo hacen sin nuestro consentimiento”, afirma el dirigente, quien ha denunciado la falta de acciones concretas por parte del Estado.
Este sentimiento es compartido por otras comunidades indígenas, como los Cabécar y Bribri, habitantes de la zona montañosa de la cordillera de Talamanca, en la región sur del país, quienes han expresado en el informe ya citado de la Defensoría de los Habitantes que la consulta previa y el respeto a sus territorios no se están cumpliendo de manera efectiva.
Estos pueblos afirman que, aunque las políticas nacionales han mejorado en papel, su implementación sigue siendo insuficiente en los territorios indígenas.
Adriana Vásquez, directora de Operaciones de la organización La Ruta Del Clima, destacó la falta de claridad en la ejecución de los compromisos asumidos.
Según Vásquez, Costa Rica, que copresidió la coalición de alta ambición y se comprometió con la inclusión del respeto a los derechos de los pueblos indígenas en la pasada COP15, ha mostrado un fuerte compromiso con la inclusión, pero no hay claridad en qué se ha implementado.
“Las medidas para aumentar la financiación y movilizar recursos están sobre la mesa, pero no se ve una ejecución clara de estas metas establecidas en los territorios”, advirtió Vásquez.
No obstante, los pueblos indígenas en Costa Rica enfrentan amenazas graves y directas. La expansión de la agroindustria, los proyectos de infraestructura y los conflictos por la tenencia de tierras han generado un clima de tensión y violencia en los territorios.
En un informe de 2023, la Defensoría de los Habitantes destacó que hay una creciente criminalización de los líderes indígenas que intentan recuperar tierras ancestrales, quienes aseguran que la falta de implementación de políticas de conservación y el despojo continuo de tierras han exacerbado la situación.
“Costa Rica se presenta como un país defensor de derechos humanos, pero en realidad, el Estado violenta constantemente los derechos de los pueblos indígenas”, afirma Pablo Sibas, líder del pueblo Bröran en el Territorio Indígena Térraba, subrayando que la burocracia y la falta de voluntad política han bloqueado las iniciativas de conservación lideradas por las propias comunidades.
Compromisos de Costa Rica en la COP15: ¿una realidad?
En la COP15 de Biodiversidad, celebrada en diciembre de 2022 en Montreal (Canadá), se adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, un acuerdo internacional cuyo objetivo principal es frenar la pérdida de biodiversidad a nivel global y restaurar los ecosistemas para 2030.
Ese marco establece metas ambiciosas para 2030, como proteger al menos 30 % de las áreas terrestres y marinas del mundo, reducir a la mitad la contaminación por plásticos, restaurar 30 % de los ecosistemas degradados y respetar los derechos de los pueblos indígenas en la gestión de la biodiversidad.
En ese entonces, el país centroamericano reafirmó su compromiso por integrar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas en sus políticas de conservación y garantizar su participación en la toma de decisiones.
Este compromiso forma parte de la Política Nacional de Biodiversidad (PNB), marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB2) y se alinea con la Meta 3 del Marco Mundial Kunming-Montreal, que establece la conservación de 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030.
Costa Rica, al igual que otras naciones, se comprometió a expandir sus áreas protegidas, pero lo hizo con la promesa de involucrar a los pueblos indígenas como socios clave.
Sin embargo, para Sibas, estas promesas han quedado en el papel. “El gobierno se comprometió a incluirnos, pero no ha habido una consulta real en nuestros territorios. Nos usan como evidencia de conservación, pero lo hacen sin nuestro consentimiento”, afirma el dirigente, quien ha denunciado la falta de acciones concretas por parte del Estado.
Este sentimiento es compartido por otras comunidades indígenas, como los Cabécar y Bribri, habitantes de la zona montañosa de la cordillera de Talamanca, en la región sur del país, quienes han expresado en el informe ya citado de la Defensoría de los Habitantes que la consulta previa y el respeto a sus territorios no se están cumpliendo de manera efectiva.
Estos pueblos afirman que, aunque las políticas nacionales han mejorado en papel, su implementación sigue siendo insuficiente en los territorios indígenas.
Adriana Vásquez, directora de Operaciones de la organización La Ruta Del Clima, destacó la falta de claridad en la ejecución de los compromisos asumidos.
Según Vásquez, Costa Rica, que copresidió la coalición de alta ambición y se comprometió con la inclusión del respeto a los derechos de los pueblos indígenas en la pasada COP15, ha mostrado un fuerte compromiso con la inclusión, pero no hay claridad en qué se ha implementado.
“Las medidas para aumentar la financiación y movilizar recursos están sobre la mesa, pero no se ve una ejecución clara de estas metas establecidas en los territorios”, advirtió Vásquez.
La postura del gobierno: avances y desafíos
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ha defendido sus acciones, afirmando por medio de un comunicado de prensa que se han implementado mesas de diálogo con las comunidades indígenas para asegurar que su participación en la toma de decisiones sea más inclusiva y equitativa.
Según el gobierno local, se han dado pasos importantes para cumplir con los compromisos adquiridos en la COP15 para garantizar que las comunidades indígenas reciban una mayor proporción de los fondos destinados a la conservación.
La Política Nacional de Biodiversidad establece en su visión que el Estado costarricense “procurará la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad; promoviendo el desarrollo económico inclusivo, ampliando la participación social para la conservación y gestión de la biodiversidad, procurando la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la misma, asegurando y reconociendo el respeto a las diferentes formas de conocimiento e innovación (principalmente las que corresponden a las comunidades locales y los pueblos indígenas, a través de la aplicación de medidas efectivas que aseguren el bienestar de las personas y del ambiente)” .
No obstante, esta postura ha sido recibida con escepticismo por parte de los líderes indígenas. “Lo primero que el gobierno debería hacer es reconocer nuestra autonomía. No deberían ir a negociar a nuestras espaldas ni decidir sobre las tierras que nos pertenecen”, enfatiza Sibas, quien rechaza la intervención estatal en la administración de los recursos naturales en los territorios indígenas.
A su vez, Vásquez revela que “existe una gran contradicción entre las metas de conservación y las acciones que se desarrollan en el país. El gobierno debería ser coherente, pero se está utilizando el medio ambiente como moneda de cambio, orientado por fines más políticos, que de conservación real”.
La Ley N.º 7788 de Biodiversidad de Costa Rica, vigente desde 1998, establece que el Estado debe promover incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Según los artículos 101 y 102 de dicha ley, el Minae debe incentivar la participación comunitaria en la conservación y la gestión de los servicios ecosistémicos.
En respuesta a este marco legal, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ha desarrollado propuestas para implementar instrumentos económicos y no económicos que fomenten la sostenibilidad. Uno de estos mecanismos es el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), gestionado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
El desafío del financiamiento inclusivo
Uno de los temas más críticos de la próxima COP16 será la renegociación de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad.
La Meta 19 del Marco Mundial establece la necesidad de movilizar recursos financieros adicionales para la conservación, asegurando que estos lleguen a las comunidades que más los necesitan.
Exactamente se habla de movilizar 200.000 millones de dólares de todo tipo de fuentes cada año. En este contexto, Costa Rica ha sido elogiada por su liderazgo en iniciativas como el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que ha permitido la conservación de más de un millón de hectáreas de bosques y ecosistemas clave.
Sin embargo, para los pueblos indígenas, el PSA no ha cumplido con sus promesas. Sibas recuerda cómo las comunidades propusieron que los fondos se utilizaran en la recuperación de tierras ancestrales, pero el Estado optó por canalizar los recursos a través de las Asociaciones de Desarrollo, estructuras que, según líderes indígenas, les han sido impuestas.
Las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) son organizaciones comunitarias creadas bajo la Ley Indígena de 1977, encargadas de la administración de los territorios indígenas en el país. Su función principal es representar a las comunidades indígenas, gestionar los recursos y proyectos para su desarrollo, y promover el bienestar social, económico y cultural, respetando las tradiciones y costumbres ancestrales.
Estas asociaciones son claves para la autodeterminación de los pueblos indígenas y para la implementación de políticas públicas en sus territorios.
Los fondos del PSA, aunque significativos a nivel nacional, representan una pequeña fracción para las comunidades indígenas. “Existen 700 millones de dólares disponibles para conservación, pero a las comunidades indígenas no les llega ni 5 %. Apenas recibimos entre 1 % y 3 %”, denuncia Sibas, quien califica el programa de “migajas” para los pueblos originarios.
La COP16: ¿Una nueva oportunidad?
La COP16, la cumbre sobre la biodiversidad de Cali, podría representar una nueva oportunidad para que Costa Rica y otros países negocien los términos de su compromiso con la biodiversidad y los pueblos indígenas.
Durante la cumbre, la delegación de Costa Rica debería presentar su nueva Estrategia y Plan Nacional sobre Biodiversidad, o NBSAP (en inglés), que es el principal instrumento de implementación del Marco Mundial en los ámbitos nacionales.
Sin embargo, dado que la estrategia que propone el país centroamericano para preservar la biodiversidad en el territorio tiene vigencia hasta el 2025, no está claro si será actualizado durante esta COP16.
La expectativa de líderes como Sibas, es que haya mayor compromiso con vincular las áreas protegidas con el trabajo de las comunidades locales.
No obstante, este líder indígena mantiene una postura crítica frente al evento. A pesar de que se ha presentado como “la COP de la gente”, las comunidades originarias temen que nuevamente sean excluidas de las decisiones clave y que los recursos financieros destinados a la biodiversidad no lleguen a sus territorios.
“La comunidad internacional debe estar atenta a lo que sucede en esta COP16. Los pueblos indígenas, por tradición, somos guardianes de la naturaleza, pero necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y nuestra autonomía. No queremos que el Estado siga decidiendo por nosotros”, concluye Sibas.
Vásquez se sumó a la preocupación por la participación real de la sociedad civil en este evento, señalando que es necesario observar con atención qué papel jugará la delegación costarricense en esta cumbre.
“Hay expectativas de que la COP16 sea un espacio más participativo, pero aún no se sabe si será realmente una ‘COP de la gente’. Las negociaciones parecen estar alejadas de la sociedad civil, lo que debe encender las alarmas. Nosotros vamos a observar de cerca, pues hay una politización preocupante de ciertos sectores, como los indígenas y pesqueros, que están siendo llevados a estos eventos sin que se sepa cuál es la promesa detrás de su participación”, añadió.
El éxito de la COP16, según líderes indígenas y expertos en derechos humanos, dependerá de si finalmente se respetan los derechos de las comunidades que han sido las guardianas históricas de los ecosistemas que tanto se buscan proteger.
Costa Rica, uno de los países más destacados en la agenda de conservación global, deberá demostrar si es capaz de cumplir con sus compromisos y asegurar una participación justa y equitativa para los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad.