Construcción de teleféricos suscita esperanza y temores en capital mexicana
La mexicana Leticia Solís suele desplazarse en transporte público en un barrio de la alcaldía La Magdalena Contreras, en el sur de Ciudad de México.
“Es relativamente rápido, no es caro. A veces es pesado, por el mucho tráfico. Bajo desde mi casa para hacer compras, trámites otras actividades”, asegura a IPS esta mujer de 37 años, dedicada a los cuidados hogareños y madre de dos hijos.
En su municipio, una de las 16 demarcaciones territoriales de la metrópoli, la hilera de vehículos es intensa a toda hora en las arterias principales, en un entorno de calles estrechas y retorcidas. La ciudad se encarama por esas vías, hasta alcanzar cerros que hace años poblaban árboles y hoy son casas los nuevos residentes.
En la demarcación, donde habitan más de 247 000 personas, conviven la ruralidad y un entorno urbano. De hecho, la creciente urbanización es una amenaza para las diferentes zonas del sur capitalino, que alberga las áreas ecológicas de la capital y proveen agua, aire limpio y alimentos.
“Puede beneficiar a la gente que vive más arriba y que gasten menos en camiones. Ojalá los beneficios sean para todos. He leído que mucha gente usa las otras rutas”: Leticia Solís.
Pronto los pobladores de la alcaldía verán los pilotes de una línea del servicio de transporte público Cablebús, un servicio de teleférico urbano que comunicará áreas del sur y el oeste citadinos en un recorrido de 15 kilómetros.
El gobierno de Ciudad de México desarrolla tres nuevas líneas de cablebús para el sur, sudeste y sudoeste de la megaurbe, que habitan más de nueve millones de personas y que superan 23 millones con el área conurbada, para sumarse a las tres en operación desde 2021.
El tendido, de torres a gran altura y docenas de cabinas para seis pasajeros, escalará el aire para alcanzar las partes altas de La Magdalena Contreras, con un costo de 450 millones de dólares y que operaría desde 2028.
“Puede beneficiar a la gente que vive más arriba y que gasten menos en camiones (buses). Ojalá los beneficios sean para todos. He leído que mucha gente usa las otras rutas”, comentó Solís.
Junto al servicio de metrobús, un sistema de tránsito rápido por carril dedicado (BRT, en inglés) y trolebuses eléctricos, estos modelos integran el esquema de transporte alternativo a modelos convencionales movidos con energía fósil que han despegado en este país latinoamericano de unos 129 millones de habitantes.
Pero son modelos que se ausentan de las calles de urbes medianas y pequeñas por barreras financieras, institucionales y tecnológicas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Desde su introducción en la ciudad colombiana de Medellín, ciudades como Bogotá, Cali, Caracas, La Paz y Río de Janeiro han adoptado a lo largo de este siglo estos modelos de teleféricos de transporte urbano, que en la mayoría de ellos reciben el nombre de metrocable.
En la capital mexicana, desde 2021 el cablebus ha transportado ya a más de 178 millones de personas.
Asimismo, opera desde 2016 el Mexicable, con dos rutas de unos 14 kilómetros, en el municipio de Ecatepec, en el circunvecino estado de México y al norte de la capital mexicana, y está en construcción otra vía.
Ante el éxito registrado en Ciudad de México, al menos cuatro urbes mexicanas desarrollan tendidos similares de teleféricos urbanos.
El gobierno capitalino ha asumido metas de despliegue de transporte alternativo y de reducción de la contaminación. Pero incumplió la meta de cuatro líneas aéreas en 2024, contempladas en el Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad en la Ciudad de México, mientras que la Estrategia citadina de Electromovilidad 2018-2030 no aborda este sistema.
Inquietudes
Pero los procesos de desarrollo de las nuevas rutas de cablebus han encontrado incrédulos, como en la alcaldía Milpa Alta, en el sur capitalino y con más de 152 000 habitantes, donde se instalará otra de las nuevas líneas del servicio.
“No nos han presentado el proyecto, no conocemos los diagnósticos. Solo repartieron folletos muy insípidos. Nos preocupa el impacto negativo y que no haya medidas de mitigación”, señaló a IPS Rosy Chavira, habitante originaria de San Jerónimo Miacatlán, uno de los 12 pueblos nativos de la demarcación capitalina.
Las autoridades capitalinas efectuaron una asamblea informativa el 21 de diciembre con un grupo de pobladores. Pero el Núcleo Agrario de Bienes Comunales y Pueblos Anexos, que integran nueve pueblos copropietarios de todas las tierras comunales de Milpa Alta, está acéfalo, lo que impide la organización de una asamblea sobre el aval al proyecto aéreo.
“No nos han presentado el proyecto, no conocemos los diagnósticos. Solo repartieron folletos muy insípidos. Nos preocupa el impacto negativo y que no haya medidas de mitigación”: Rosy Chavira.
En la demarcación, la administración capitalina proyecta un tendido de 12 kilómetros de largo, con siete estaciones en el sur y sudoriente citadinos, mediante una inversión de 112 millones de dólares.
Tres estaciones están proyectadas en terrenos comunales de Milpa Alta. “Por eso pedimos que se cumpla la normativa sobre la consulta (indígena). Violenta las leyes agrarias y la normatividad indígena. Debe ser en función de los tiempos de la comunidad y no del gobierno. No tenemos tanta prisa”, pidió Chavira.
La misma mecánica aplica para La Magdalena Contreras, donde habitan cuatro pueblos originarios.
Los inconformes y las autoridades sostuvieron una reunión el 15 de enero y en la que reiteraron su petición de información adecuada y la elección de los representantes comunitarios, mientras están a la espera de otra junta con las autoridades.
Pros y contras
El informe “Los sistemas de cablebús como solución de transporte para topografías complejas: el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México”, publicado en 2024 por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, destaca ventajas del cablebus, como adaptabilidad a topografías complejas, menor costo de inversión inicial, bajo impacto ambiental y mejora en la accesibilidad al servicio público.
Pero también reconoce desventajas como la capacidad limitada de las unidades, la dependencia de las condiciones climáticas, pues el servicio debe parar cuando hay lluvias o vientos fuertes y tormentas eléctricas, y la percepción pública sobre su utilidad.
En su estudio de 2024 Lecciones aprendidas en la implementación de Cablebús, el no gubernamental Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo reconoció ahorros en tiempo y dinero, así como la disminución de emisiones contaminantes.
Al mismo tiempo, planteó recomendaciones como priorizar la construcción de teleféricos urbanos en zonas de poca accesibilidad, desarrollar la infraestructura para facilitar viajes de última milla, fortalecer el transporte alimentador de la zona de influencia, conectar física y operativamente el teleférico con la red de transporte público masivo, así como involucrar la comunidad en todas las etapas del proyecto.
La sustitución por modalidades eléctricas disminuye el consumo de gasolinas en la operación, la polución del aire y la generación de ruido. Sin embargo, la fuente de la electricidad del cablebus aún es fósil.
Tanto en México como en su capital, el transporte es la fuente principal de emisiones contaminantes.
La flota mexicana de vehículos rebasa los 61 millones de unidades, con una curva en constante incremento desde 2000, en su mayoría quemadores de combustibles fósiles, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
La institución reportó 253,9 millones de usuarios de transporte público en las ocho principales zonas metropolitanas y ciudades del país en noviembre pasado, para un aumento de 1,4 % frente al mismo mes de 2024.
Y ese desempeño automotriz rebota en la salud humana. El no gubernamental Instituto para Mediciones y Evaluación de la Salud de Estados Unidos cuantificó que la contaminación atmosférica ocasionó el deceso de más de 54 000 personas en 2023, 8000 de las cuales ocurrieron en la capital mexicana.
Mientras Solís espera algún día subir al cablebús, el desafío persiste más al sur. “Si no hay consulta adecuada, no vamos a permitir la obra. Conocemos nuestros derechos. Que hagan bien las cosas”, sentenció Chavira.