Aumenta la violencia sexual durante los conflictos armados
Agentes estatales y no estatales perpetraron violencia sexual como táctica de guerra, tortura, terrorismo y represión política contra más de 4600 personas el año pasado, un aumento de 25 por ciento con respecto a los casos documentados en 2023, indicó un nuevo informe de las Naciones Unidas.
Las víctimas “requieren mucho más que la solidaridad. Les debemos una vida digna y una acción efectiva y decisiva para prevenir y erradicar estos crímenes”, dijo la abogada mauriciana Pramilla Patten, representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos, de la Secretaría General de la ONU.
El estudio publicado este jueves 14 aclara que, si bien las cifras son escandalosas, reflejan solo los casos verificados por la ONU en 21 países, mientras que existen denuncias en lugares como Ucrania y los territorios palestinos ocupados que no han podido comprobar debido a la denegación de acceso a los observadores.
No obstante, “dada la gran preocupación suscitada por los patrones de violencia sexual perpetrados por las fuerzas armadas y de seguridad israelíes, así como por las fuerzas rusas y sus afiliados, se ha notificado a estas partes de su posible inclusión en el próximo periodo de informes”, apuntó la oficina de la representante especial.
El informe incluyó en su lista de perpetradores al grupo rebelde Tabara que actúa en el este de la República Democrática del Congo y el cual cometió una violación masiva en 2024, y a dos actores estatales de Libia, las agencias encargadas de luchar contra el crimen organizado y la migración ilegal.
La milicia islamista palestina Hamas también entró a la lista con información verificada por la ONU en 2024, que marcó motivos razonables para pensar que algunos rehenes llevados a Gaza sufrieron violencia sexual durante su cautiverio.
Asimismo, información convincente de que hubo ese tipo de agresión en los ataques del 7 de octubre de 2023 al sur de Israel.
La República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Haití, Somalia y Sudán del Sur registran el mayor número de casos verificados en el actual informe.
Muestran que, aunque las mujeres y niñas constituyen 92 % de las víctimas, el flagelo se extiende a hombres y niños, personas con diversas orientaciones sexuales o identidades de género, minorías raciales y étnicas, y personas con discapacidad, de entre uno y 75 años.
En muchas ocasiones, los violadores ejecutan sumariamente a las víctimas después de abusar de ellas.
Para los sobrevivientes, el trauma no termina ahí, ya que el estigma arraigado en normas sociales nocivas provoca su exclusión socioeconómica y empobrecimiento, además de la de sus hijos, a menudo producto de violaciones en tiempos de guerra.
El informe señala un incremento preocupante de la violencia sexual contra personas detenidas, con el uso de ese atropello como instrumento de tortura, humillación y extracción de información. Los hombres y niños fueron los más afectados en estos casos, pero las mujeres y niñas también fueron blanco de ataques.
Los grupos armados no estatales perpetraron estos crímenes para reforzar el control sobre el territorio y los recursos, e imponer ideologías extremistas. La amplia disponibilidad de armas pequeñas, los desplazamientos masivos y la inseguridad alimentaria se citaron como factores que aumentaron aún más los riesgos.
Estos factores exacerban la exposición, sobre todo de mujeres y niñas, a un mayor peligro de violencia sexual, apunta el documento.
El informe enumera a 63 actores estatales y no estatales incluidos en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, con sospechas creíbles de seguir patrones de violencia sexual en conflictos armados.
En este sentido, recomienda involucrar a los comités de sanciones del Consejo de Seguridad para perseguir a los perpetradores persistentes.
Destaca que la violencia sexual y de género ahora es explícitamente sancionable en virtud del régimen antiterrorista del Consejo contra Daesh y Al-Qaeda, formaciones basadas en el Medio Oriente y sindicadas de actos de terror en varios países.
Patten recordó que “la promesa expresada por el Consejo en sus seis resoluciones específicas sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos es la prevención”.
Instó a que todas las partes tomen medidas que garanticen la rendición de cuentas y permitan el acceso de los observadores y agencias de las Naciones Unidas para la supervisión y la prestación de servicios a las víctimas.