Parcelación de tierras acosa a ecosistemas forestales y áreas productivas en Chile
Información IPS Venezuela
Una explosión de venta de parcelas de recreo en la isla de Chiloé amenaza con cambiar su panorama rural, urbano y de ecosistemas forestales en un territorio insular que habitan 183 000 personas en la austral región chilena, famoso mundialmente por sus coloreados palafitos de madera y su particular naturaleza.
La parcelación en terrenos de media hectárea que se destinan a viviendas de recreo es una realidad preocupante en todo el territorio de este alargado y estrecho país sudamericano de 19,5 millones de habitantes, que discurre entre Los Andes y el océano Pacífico.
El fenómeno afecta a grandes superficies de bosques, impacta ecosistemas frágiles y agrava los problemas para la generación de agua, deteriorando también los suelos por la construcción de caminos.
Las parcelaciones son posibles por una abusiva interpretación del decreto 3516 dictado en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ese decreto, que nunca se modificó, dejó la venta y división de predios rurales al libre mercado.
“Aquí lo que mandó fue el mercado que no tiene ojos ni emociones y ejecutó en base a comprar barato, subdividir y vender caro. Y hoy estamos en este desastre de pérdida del uso de suelo”: Francisco Urrutia.
Hasta 1980 solo se permitía dividir la tierra en un mínimo de 20 hectáreas, llamadas de riego básico y establecidas por el gobierno del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).
Allende dictó esa norma para evitar el minifundio improductivo e impulsar la reforma agraria que buscó dar tierra a quienes la trabajaban manteniendo unidades agrícolas para una mejor productividad.
David Silva, vicepresidente del directorio de La Fundación Parque Ahuenco, una iniciativa de conservación privada establecida hace más de 30 años en Chiloé, califica de inédita esta parcelación. Subraya que no es inocua porque impacta el espacio natural especialmente por uso intensivo de agua y suelo.
“Estos son los estertores de la adopción de políticas ultraliberales durante la dictadura. El suelo rural estaba en la lista y recién nos estamos haciendo cargo de esta situación”, dijo a IPS en una entrevista en Santiago.
Consideró que “toda la normativa que se dictó en los 80 en educación, salud, pensiones, suelos, tenía la lógica de que eran bienes que se pueden transar en el mercado. Y que son infinitos y tienen un orden espontáneo entre oferta y demanda que genera un precio justo. Y un efecto agregado: no causaban problemas al desarrollo del país”.
El Parque Ahuenco es uno de las 45 organizaciones aglutinadas en la Asociación de Iniciativas de Conservación en Areas Privadas y de Pueblos Originarios de Chile, conocida como Así Conserva Chile.
Sus asociados identifican como riesgos para sus proyectos los incendios, las especies invasoras y los efectos del cambio climático. Ahora añaden como amenaza este desarrollo inmobiliario.
“Se ha generado una gran presión con esta nueva forma de mirar el territorio como una mercancía objeto de plusvalía y negocio. En sus planes de conservación muchos asociados dedican espacio al ritmo de desarrollo en los contornos de sus áreas de conservación”, resumió Silva.
El gobierno reacciona
Ya en el 2012 el profesor César Ladrón de Guevara, de la Universidad Católica de Chile, calificó de “fraude legal” estas parcelaciones.
Recordó que la superficie total de Chile alcanza a unos 75 millones de hectáreas, de los que solo cinco millones son tierras cultivables, mientras que dos tercios del territorio nacional están afectados por la desertificación.
“En pocas palabras, no nos sobra tierra agrícola como para perderla mediante artilugios tan mañosos”, adujo el académico.
Solo en julio 2024 el gobierno del izquierdista moderado Gabriel Boric introdujo en el parlamento un proyecto de ley de Protección del territorio y la vida rural, destinado a frenar la fragmentación de suelos agrícolas.
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, explicó que “es hora de enfrentar de una vez las consecuencias del crecimiento descontrolado de las parcelaciones y entregar certezas a quienes quieren habitar el territorio rural y hoy son víctimas de estafas”.
El gobierno apunta a proteger los suelos de la fragmentación, asegurar un uso que favorezca la sostenibilidad de la producción alimentaria y la conservación de los recursos naturales.
El bum de la venta de parcelas se inició durante la pandemia de covid y se mantuvo hasta 2022. Durante esa explosión de demanda se vendieron parcelas desde 3900 hasta 62 000 dólares, dependiendo de su ubicación.
“No puede ser que como sociedad tengamos que estar buscando paños desperdigados en territorio aledaño y periférico para producir lo necesario para la subsistencia. Evitar la fragmentación es importante para asegurar la sostenibilidad alimentaria y protejer y conservar los recursos naturales”: David Silva.
El fenómeno ocurre no solo en la sureña región de Los Lagos, a donde pertenece Chiloé, sino que va desde Pozo Almonte, en el extremo norte de Chile, hasta la austral Punta Arenas, en Magallanes.
“Todo Chile está cubicado en media hectárea, en muchos terrenos que afectan áreas altamente frágiles”, explicó a IPS el abogado Francisco Urrutia, jefe de la unidad jurídica regional en Los Lagos de la estatal Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Detalló desde Puerto Montt, la capital de la región de Los Lagos, que “se armó un grupo de especuladores que vieron un negocio de pasada (rápido). Esto es consecuencia de una pésima política pública que tuvo un impacto no deseado en el uso del suelo rural”.
Estos especuladores presentaban un plan de obras civiles para construir caminos y no un plan de manejo forestal para regenerar bosques con manejo sostenible. Solo perseguían cambiar el uso de los bosques.
Según Urrutia, “aquí lo que mandó fue el mercado que no tiene ojos ni emociones y ejecutó en base a comprar barato, subdividir y vender caro. Y hoy estamos en este desastre de pérdida del uso de suelo”.
El fenómeno se frenó desde febrero del 2022 cuando la Conaf comenzó a aplicar una interpretación restrictiva para proteger bosques, suelos, agua y biodiversidad asociada, con el fin también de detener la pérdida de tierras agrícolas, forestales y ganaderas, incluyendo bosques nativos.
“Pronto vamos a comprobar que perdimos el lugar donde está nuestro ganado, nuestra agricultura, y tenemos allí casas, quincho y piscinas. Tendremos una crisis alimentaria por el daño a elementos claves en términos de cambio climático”, consideró Urrutia.
El caso emblemático de Chiloé
El estatal Servicio Agrícola Ganadero (SAG) informó al bicameral Congreso legislativo que hay más de 350 000 parcelas, a las que deben añadirse terrenos que hoy están en venta y que aún no han sido subdivididos.
El SAG reveló un fuerte incremento porque el 2021 certificó 15 837 solicitudes de subdivisiones y solo en el primer trimestre de 2022, fueron 12 000.
El grupo de predios que más creció entre 2010 y 2022 fue el de parcelas de 0,4 a 0,6 hectáreas con 79 % de aumento, acercándose a 148 000 en total.
La provincia de Chiloé, en Los Lagos, al sur de Puerto Montt, está formada por 10 municipios. Tiene enorme valor ambiental y turístico. La forman el archipiélago de Chiloé compuesto por la Isla Grande y otra serie de 40 islas pequeñas que abarcan 9181 kilómetros cuadrados, situadas en el Pacífico, a 10 kilómetros de tierra firme.
Tiene una gran actividad pesquera y una cultura culinaria basada en los productos del mar. Además de por sus paláfitos también destaca su artesanía en madera y lana y su fuerte religiosidad con festividades anuales en las 16 iglesias construidas mediante ensamblaje y sin uso de clavos, por jesuitas españoles que llegaron en 1567 y que fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Diecisiete sectores rurales de Chiloé con unos 4000 pobladores reciben actualmente agua mediante camiones aljibes y las parcelaciones significarán un aumento explosivo de la demanda del recurso. Habrá también exigencias de conectividad eléctrica, vial, servicios sanitarios y recolección de basura.
Estas demandas caerán sobre las autoridades municipales y no sobre quienes vendieron parcelas e hicieron el negocio.
Tan solo en el municipio de Llanquihue, en la parte continental de la región de Los Llanos y unos 1007 kilómetros al sur de Santiago, una sola persona impulsó 11 proyectos con 11 nombres distintos para comprar predios, fragmentarlos en lotes y venderlos.
Eran más de 1900 parcelas en zonas rurales y significó una pérdida de unas 100 hectáreas de bosques, equivalentes a 200 campos de fútbol.
Cuando Conaf no les autorizó los planes de obras civiles, las empresas impulsaron igualmente sus proyectos y talaron bosques. Después, se autodenunciaron ante la justicia y pagaron multas.
“Fracasó así un sistema sancionatorio porque el interés económico hacía viable infringir la ley y pagar la multa. Es algo perverso”, comentó Urrutia.
En Chiloé el valor de los terrenos aumentó, además, por la construcción de un puente de 2,75 kilómetros sobre el canal de Chacao. Ese viaducto unirá el continente con la isla en tres minutos en lugar de los 50 que implica la movilización por transbordadores.
Expectativas ante proyecto de ley
Quienes se instalan en parcelas de media hectárea hacen un trabajo de “hormiga”, de despeje de sus áreas y tala de los bosques.
Conaf hizo un estudio acumulativo en dos iniciativas en Chonchi y Quemchi (2008 y 2009) proyectándolo para Chiloé. Concluyó que en 10 años habría una deforestación por ese efecto hormiga de 500 o 1000 hectáreas.
El proyecto de ley impulsado por el gobierno comenzó su tramitación con expectativas alentadoras.
Silva celebra que la iniciativa vea las parcelaciones como un problema real sobre el que hay que generar acuerdo y destaca que apunte a proteger el suelo agrícola de la fragmentación.
“No puede ser que como sociedad tengamos que estar buscando paños desperdigados en territorio aledaño y periférico para producir lo necesario para la subsistencia. Evitar la fragmentación es importante para asegurar la sostenibilidad alimentaria y protejer y conservar los recursos naturales”, aseveró.
Abogó por aumentar la fiscalización estatal e incorporar nuevos actores como los municipios.
Durante el proceso legislativo deberán resolverse temas claves como en cuántos metros se puede crear parcelas y cómo se manejan las cuencas para asegurar disponibilidad de agua.