Para la especie humana, ignorar la emergencia climática ya no es una opción
En la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no importa si el país tiene la cúspide del Himalaya, es una pequeña nación insular o vive un conflicto armado, todos coinciden en que el principio de diligencia debida y la obligación de los Estados de prevenir los daños causados por el cambio climático, especialmente para los grandes emisores de gases de efecto invernadero, no es negociable.
El lunes 9, países como Nepal, Pakistán, Nauru, Nueva Zelanda y el Estado de Palestina presentaron sus casos ante el más alto tribunal de las Naciones Unidas en las audiencia consultiva sobre el cambio climático, que comenzó en lamsede de la CIJ en el Palacio de la Paz de La Haya, el día 2 y se clausurará el viernes 13.
En una iniciativa impulsada por Vanatu, un pequeño país insular del Pacífico, la CIJ viene escuchando oralmente un récord de testimonios, que le servirán para emitir un dictamen no vinculante, que en todo caso determinará las relaciones legales de los Estados sobe el recalentamiento global en el próximo futuro.
La Corte, compuesta por 15 magistrados, va a detallar y precisar en una opinión que emitirá en 2025, el alcance del derecho internacional en cuanto al cambio climático y su posición influirá sobre cualquier proceso multilateral sobre el fenómeno provocado por el hombre y que influye cada vez más sobre su propia sobrevivencia como especie.
Los dos países de la región del macizo del Hindú Kush del Himalaya, Nepal y Pakistán, incluyeron en sus testimonios ejemplos de desastres ocurridos en los últimos años, como inundaciones repentinas y su impacto en los medios de subsistencia.
Mientras, el pequeño Estado insular de Nauru, el más pequeño de Oceanía, expuso las víctimas a las que se enfrenta su población debido a la subida del nivel del mar. El Estado de Palestina, por su parte, relacionó su petición con el conflicto armado en curso y la destrucción climática y medioambiental.
Fue a petición de Vanuatu, un pequeño archipiélago de Oceanía, en el Pacífico sur, que la Asamblea General de la ONU pidió a la CIJ que emitiera una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados miembros de la ONU en la prevención del cambio climático y la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
La CIJ asesorará sobre las consecuencias jurídicas para los Estados miembros que hayan causado daños significativos, en particular a los pequeños Estados insulares en desarrollo, los Peid. Hasta ahora, más de 70 países han presentado su caso ante la Corte.
Derechos humanos y transferencia de tecnología Nepal
La ministra de Asuntos Exteriores de Nepal, Arzu Rana Deuba, subrayó durante su testimonio ante la CIJ que las catástrofes provocadas por el cambio climático obstaculizan los derechos humanos de las personas que viven en primera línea.
Añadió que los países responsables de las emisiones deben cumplir sus obligaciones.
«El cambio climático obstaculiza la realización y el disfrute de los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda adecuada, al saneamiento y al agua», afirmó Deuba.
Además, dijo, afecta a los derechos de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, así como a los derechos culturales de las minorías y las comunidades indígenas.
Según Nepal, muchos Estados vulnerables no han podido cumplir las obligaciones que les imponen las normas internacionales de derechos humanos, ya que las acciones y emisiones que se producen fuera de su territorio también tienen efectos adversos sobre los derechos humanos de sus ciudadanos.
El país de las altas montañas, incluido el Everest, subrayó la necesidad de apoyo material, técnico y financiero por parte de los países cuyas emisiones históricas han causado la crisis del cambio climático antropogénico.
«Esto incluye el acceso sin trabas a la tecnología y el intercambio de datos meteorológicos y glaciares», dijo Deuba.
Nepal considera que la opinión consultiva de la Corte contribuirá a aclarar la ley, especialmente las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático y las normas que rigen las consecuencias de la violación de estas obligaciones.
Suvanga Parajuli, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal, añadió que el país se enfrentaba a una grave injusticia. «Lo que piden países como Nepal no son meras limosnas de caridad, sino compensaciones por una verdadera justicia climática», afirmó.
El otro país de la región Hindú Kush, Pakistán, que se enfrentó a devastadoras inundaciones causadas por el cambio climático en 2022, subrayó la necesidad de apoyo e intercambio de conocimientos.
Mansoor Usman Awan, fiscal general de Pakistán, instó al tribunal a emitir un dictamen que aclare las obligaciones jurídicas de los Estados para prevenir, evitar, reducir o mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
«Si queremos proteger vidas y medios de subsistencia, si queremos evitar una catástrofe total, sencillamente no hay tiempo que perder. Como se ha dicho a menudo, somos la primera generación que siente el impacto del cambio climático y, sin duda, somos la última generación que puede hacer algo al respecto», aseguró Awan.
Añadió que «para la raza humana, ignorar la emergencia climática ya no es una opción».
Voz concordante de los países insulares del Pacífico
Nauru, un país insular de la Micronesia, situado al noreste de Australia, argumenta que el cambio climático supone una amenaza existencial para su seguridad y bienestar, destacando en el tribunal de la ONU el impacto de la subida del nivel del mar, la erosión costera y la sequía.
Se trata de una isla ovalada de apenas 21 kilómetros cuadrados y situada en el suroeste del océano Pacífico.
En representación de Nauru, Lionel Rouwen Aingimea, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, subrayó que las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático son las que se encuentran en los principios del derecho internacional general.
«Instamos a este tribunal a que aclare el alcance de las obligaciones existentes de los Estados con respecto al cambio climático», dijo Aingimea.
Y añadió: «Nada más, pero ciertamente nada menos, buscamos su afirmación de que la ley protege a los vulnerables y que nuestros derechos fundamentales bajo el derecho internacional general a existir, a prosperar, a salvaguardar nuestra tierra son defendidos y respetados».
Instó a la Corte a emitir una opinión consultiva que refleje la urgencia, la dignidad y el derecho de todos los pueblos a existir con seguridad.
La vulnerabilidad de los países insulares fue fundamental en los argumentos de Nueva Zelanda.
En representación de todos los países insulares del Pacífico, Victoria Hallum, vicesecretaria del Grupo de Asuntos Multilaterales y Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, hizo hincapié en la urgente necesidad de abordar el cambio climático antropogénico.
Afirmó que el cambio climático es la mayor amenaza para las regiones insulares del Pacífico.
Los conflictos armados y el cambio climático conectaron Palestina
El Estado de Palestina puso de relieve la intersección entre el cambio climático y el derecho internacional, en particular las repercusiones de los conflictos armados y las actividades militares.
Palestina se posicionó como un contribuyente clave en los procedimientos y se refirió a la opinión consultiva de la CIJ sobre armas nucleares para apoyar su argumento sobre la relación entre la protección del medio ambiente y el derecho internacional en los conflictos armados.
En la audiencia de la Corte, Ammar Hijazi, embajador de Palestina ante las organizaciones internacionales en La Haya, vinculó la relación entre el cambio climático y las emisiones durante los conflictos armados.
El Estado de Palestina es responsable de menos del 0,001 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
«Sin embargo, Palestina se enfrenta ahora a fenómenos climáticos graves sin precedentes, debido principalmente a la ocupación israelí y a sus políticas y prácticas», afirmó Hijazi.
Añadió que «la ocupación israelí limita nuestra capacidad de apoyar la política climática».
«Como parte de la Convención Marco de Nacions Unidas sobre Cambio Climático y de su Acuerdo de París, Palestina está tomando medidas para reducir 17,5 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, cuando nuestro objetivo podría ser el 26,6 % si termina la ocupación de Israel», aseguró.
Palestina argumentó que la CIJ no debería perder la oportunidad de abordar la relación, la obligación y los derechos de los pueblos en el contexto del conflicto armado y el cambio climático en la opinión histórica que emitirá al concluir este procedimiento consultivo.
«De este modo se cumplirá la promesa de no dejar a nadie atrás y garantizar que el derecho se aplica a todos», sentenció Hijazi.