Políticos analizaron la nueva Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar
Luego de que la Asamblea Nacional (AN) aprobara la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, en respuesta a las nuevas medidas contra Venezuela impulsadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la periodista Margarita Oropeza analizó en «Abriendo Puertas» su contenido y alcance junto al secretario general del MAS, Felipe Mujica, a la dirigente política, Mercedes Malavé y al diputado ante la AN por Acción Democrática, Carlos Granadillo.
El parlamentario Carlos Granadillo fue el primero en referirse a la nueva legislación e indicó: «la ley contiene 23 artículos (…). Es una reciprocidad que aplica el Gobierno venezolano a través de esta ley, por la agresión permanente que ha tenido el gobierno norteamericano en contra del pueblo venezolano». El diputado señaló lo que estaría penalizado según esta ley: «traición a la patria y todas aquellas personas naturales o jurídicas (…), nacionales o extranjeros, que atenten contra la República (…), que busquen imponer a través del gobierno norteamericano sanciones al Estado venezolano».
Sin embargo, Mercedes Malavé consideró que se trataba de una ley política. En concreto, la dirigente explicó: «vemos con preocupación cómo el Gobierno avanza en políticas y leyes orgánicas y reglamentos y discusiones al margen de esta Constitución. Están legislando por motivos demagógicos, políticos, ideológicos. Alejándose cada vez más del texto constitucional. Esa ley está hecha y diseñada para vulnerar derechos civiles y políticos de los venezolanos».
La experta también recalcó: «al final va contra todo ciudadano que manifieste tener una ideología o unas creencias distintas al partido de gobierno». Recordó que las sanciones que aplica el gobierno norteamericano «son unilaterales. Provienen y son decisiones soberanas de un país (…). Hay una serie de derechos en nuestra Constitución que cualquiera que tú nombres aquí están siendo violentados en este momento: como el derecho de asociación, el derecho de libre expresión, el derecho de manifestarse libremente, el derecho de participar en elecciones».
Felipe Mujica, por su parte, consideró que: «hay que estar en contra de las sanciones y de todo lo que implique solicitudes de esa naturaleza (…). En este momento estamos hablando de una cosa concreta que son un conjunto de aspectos que están allí señalados. Hay uno, por ejemplo, que es gravísimo; que es el de la inhabilitación de por vida si tú estás incurso en alguno de los supuestos que la ley establece. Eso es una cosa que es totalmente inconstitucional».
En respuesta al apartado de ley que habla de «extinción de dominio» hacia los que incumplan algunos de sus lineamientos, Granadillo explicó: «una vez demostrada la responsabilidad del investigado, hay la posibilidad cierta, de acuerdo con el contenido de esta norma, (de) la aplicación de la extinción de dominio (…). Van a ser, de alguna forma, incautados todos esos bienes una vez demostrado que esos bienes son producto de ilícitos en Venezuela».
Sobre este punto, Mujica subrayó: «eso es mucho más una opinión política que cualquier otra cosa, porque quien decide sobre las medidas y sobre las sanciones (…) es el gobierno extranjero que las aplica». A juicio del dirigente del MAS, «el problema es que la ley, como está planteando las cosas, parece que los venezolanos fuesen los responsables de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos y resulta que el responsable directo es el gobierno de los Estados Unidos con las medidas que está tomando».
Frente a este punto, Malavé agregó: «y la gravedad de que sea la Asamblea Nacional quien esté discutiendo sobre esa ley que claramente tiene una raíz de retaliación, de respuesta a los Estados Unidos, vulnerando derechos civiles y políticos garantizados en la Constitución (…). Cuando eso se promulga como ley está siendo aplicado a todos los venezolanos. Estamos todos vulnerados en nuestros derechos civiles y políticos».
Granadillo insistió que procede: «una vez que se demuestre que una persona (…) cometió ciertos delitos en contra de la patria», mientras que Malavé reiteró: «es una decisión unilateral de Estados Unidos. El gobierno se ha cansado de hablar de medidas coercitivas unilaterales. Esta ley contradice ese principio (…) porque está diciendo que entonces no son unilaterales, que resulta que hay participación de los venezolanos en las decisiones de Estados Unidos».
Ante la interrogante de la unanimidad respecto a esta ley en la AN, Granadillo afirmó: «con respecto a esta ley claro que sí. Esta es una respuesta al gobierno norteamericano (…). Esta ley es contra aquellos que de alguna manera se encuentran fuera del territorio solicitando, aupando, las sanciones contra el gobierno». Sin embargo, Mujica consideró: «no es una respuesta en la cual el gobierno busca el consenso de la sociedad venezolana (…), sino que el gobierno busca un mecanismo (…) donde pareciera que toda la sociedad venezolana la están colocando contra la pared (…). Insistamos en buscar una salida política, una salida constitucional, una salida pacífica».
En relación a contra quién se aplicaría esta ley, Granadillo reiteró: «son contra todas aquellas personas que busquen –a través de un gobierno extranjero- que Venezuela sea sancionada». Por su parte, Malavé consideró que este tipo de leyes «son un búmeran porque (…) generan desconfianza, generan temor (…); y a quién perjudica principalmente son los venezolanos (…) porque este tipo de leyes ahuyentan la inversión, ahuyentan la confianza en nuestro marco legal y constitucional». Como respuesta a este análisis, Granadillo declaró: «esta ley lo que trata es de proteger a los industriales, a los inversionistas, contra cualquier medida extranjera».