OVCS y CDJ denuncian incremento de la represión por civiles armados y cuerpos de seguridad en Venezuela
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) hacen un llamado a las autoridades nacionales y la comunidad internacional, debido al recrudecimiento de la política de control social, represión y criminalización de las protestas ciudadanas y expresiones de exigencia de transparencia e información creíble sobre los resultados de las elecciones presidenciales del pasado el 28 de julio de 2024.
El OVCS y el CDJ, han alertado con preocupación el aumento de la violencia y represión, resultado del accionar de los cuerpos de seguridad del Estado, civiles armados, conocidos como Colectivos, y de los grupos que conforman el Sistema Popular de Protección para la Paz (Sp3), destacando los llamados de las autoridades a la activación de la denominada “Furia Bolivariana”.
Después del anuncio de los resultados electorales, se registró una ola de protestas en toda Venezuela, en exigencia de transparencia y entrega de actas de votación. También se reportó la participación de civiles armados, realizando acciones represivas, de intimidación, hostigamiento y control social en coordinación o con aquiescencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Entre los días 29 y 30 de julio, el OVCS documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país. Con un saldo de 138 protestas reprimidas, y en las que se observó la presencia de civiles armados, Colectivos, en al menos 119. Para la fecha de publicación de este comunicado se reporta la lamentable cifra de 21 manifestantes asesinados, todos por heridas de armas de fuego.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos a dar seguimiento a los hechos ocurridos en Venezuela y hacer un llamado al Estado Venezolano a garantizar, respetar y proteger el ejercicio de derechos civiles y políticos, exigir el cese de la actuación de civiles armados en funciones de control de orden público y exhortar a que los organismos de seguridad cumplan con los estándares de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y proteger los derechos a la vida e integridad de las personas.
El Estado es responsable por el respeto, garantía y protección de los derechos humanos y está obligado a proteger los derechos a la protesta pacífica, la libertad de expresión, y la defensa, promoción y exigencia de derechos conforme a tratados internacionales y la constitución nacional.