Centro para los Defensores y la Justicia: «Hubo 97 ataques a defensores de DDHH solo enero 2024 en Venezuela»
Aumenta Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, en el marco del cierre continuo del Espacio Cívico y Democrático.
Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al derecho a los derechos a la libertad de asociación, manifestación y reunión pacifica, producto de los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales como parte de la política de estado represiva y de control social existente en Venezuela.
El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor.
Los 97 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
En el marco del contexto electoral se ha observado un aumento de la violencia institucional en contra de la sociedad civil. Dentro de los ataques al espacio cívico las personas y organizaciones defensoras han sido de las principales afectadas, al ser calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras siendo objeto de amenazas y otras agresiones; así como también producto de los avances en un marco normativo restrictivo que dificulta aún más el ejercicio de sus labores.
El inicio de 2024 se vio marcado por un nuevo incremento de ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos en el país, elevando los niveles de riesgo para las personas que defienden, exigen y promueven derechos, así como para las organizaciones de la sociedad civil de forma generalizada. Los señalamientos, acusaciones, amenazas y campañas de estigmatización que han ocurrido durante los últimos años se materializan con hechos concretos que afectan la operatividad, vida e integridad de las organizaciones no gubernamentales y de quienes las integran.
En el mes de enero observamos nuevas amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y agresiones por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones a raíz del inicio de la consulta pública de la Ley de Fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.
Preocupa que sigue desprestigiándose el trabajo de las organizaciones, señalándolas de “conspiradoras”, “traidoras”, “desestabilizadoras”, entre otras, con el objeto de justificar la supuesta necesidad de un instrumento de esta naturaleza con base en acusaciones en contra de organizaciones y personas defensoras sobre el uso del financiamiento internacional “con fines políticos e injerencistas”, o que sus actividades “atentan contra la paz y soberanía nacional”. A su vez, se pretendió asociar su funcionamiento con actividades de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. En este discurso tomaron parte diputados a la Asamblea Nacional, miembros del Poder Ejecutivo, periodistas progubernamentales y personas afectas al partido de gobierno.
El Estado venezolano avanza en sus esfuerzos para neutralizar la defensa, exigencia y promoción de los derechos en el país, aun cuando estas actividades y el rol de las organizaciones en un contexto generalizado de violaciones de derechos humanos, emergencia humanitaria e impunidad que existe en el país son esenciales y necesarias y no deben ser criminalizadas u obstaculizadas de forma arbitraria y discrecional.
Reiteramos que conforme la situación económica y social y la crisis política y de derechos humanos en Venezuela continúen deteriorándose, se hace aún más necesario el trabajo en conjunto entre actores internacionales y locales para responder a la crisis de derechos humanos, la emergencia humanitaria, y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, contribuir al alcance de justicia y a la recuperación de las libertades, el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución sin que existan represalias por el ejercicio de dichas actividades.
EL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA SIGUE SIENDO AMENAZADO: PROYECTO DE LEY DE FISCALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AFINES
El 12 de enero, se llevó a cabo en el hemiciclo de la Asamblea Nacional la presentación e inicio de la consulta relativa al Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines, el cual fue aprobado en primera discusión y agendado para consulta pública en enero de 2023 . En la reunión participaron distintos actores, entre los que se incluyeron miembros de instituciones como la defensoría del pueblo, el ministerio público y el sistema de justicia, funcionarios de entes y ministerios gubernamentales, diputados, miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y servicios de inteligencia. El debate estuvo acompañado por declaraciones estigmatizantes, intimidaciones y amenazas por parte diputados y otros asistentes.
Es importante reiterar que, si bien de acuerdo a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación, el registro de organizaciones no limita per se el derecho a la asociación, dicho registro no puede en modo alguno implicar un régimen de autorización para el trabajo u existencia de las mismas, y tampoco puede imponer requisitos extraordinarios o de imposible cumplimiento para ellas. Como hemos denunciado desde el CDJ y otras organizaciones el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, en los términos en los cuales se ha presentado incumple estos preceptos y se aleja de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
El avance de aprobación de esta propuesta normativa representa una grave amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, y las victimas y beneficiarios a las que estas apoyan. En el país ya existen regulaciones destinadas al funcionamiento y existencia de las organizaciones no gubernamentales, por lo que una ley de esta naturaleza no solo resulta innecesaria, sino también perjudicial para su trabajo.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2024/02/CDJReporteEnero2024.pdf