Vehículos solicitados circulan impunemente en el Estado Sucre
Una grave denuncia interpuesta ante la Fiscalía 5ta. con competencia en Materia Contra la Corrupción del Estado Sucre saca a la luz una presunta red de irregularidades que involucra a miembros del aparato judicial y funcionarios policiales en la entidad. El caso, formalizado el pasado 4 de julio de 2023, detalla el retiro arbitrario de un vehículo en custodia de las dependencias judiciales y su posterior comercialización al margen de la ley.
Según el expediente presentado ante el Ministerio Público, los hechos se desencadenaron el 29 de junio de 2023, cuando una camioneta Ford F-250, placas A26BR8M, fue sustraída de las instalaciones del Circuito Judicial Penal de Cumaná. De acuerdo con las investigaciones preliminares y los datos recabados en la denuncia, el procedimiento no contó con la documentación formal ni con la boleta de entrega correspondiente, sino que habría sido ejecutado tras la llamada telefónica de una supuesta jueza que ordenó la movilización del automotor.
Cadena de custodia vulnerada
El vehículo retenido fue presuntamente entregado por un juez —cuya identidad aún se encuentra en proceso de determinación por las autoridades competentes— al ciudadano José Bellorín Forcate, titular de la cédula de identidad 8.490.549.
A partir de este hecho se generó un entramado de traspasos presuntamente ilegales. Bellorín Forcate habría comercializado la unidad mediante un documento privado al ciudadano Alinxon Antonio Muñoz, alias “El Indio” (C.I. 24.133.074), transacción que carece de validez legal por tratarse de un bien involucrado en un proceso judicial en desarrollo.
Tránsito impune
El elemento de mayor alerta para las víctimas y los denunciantes, que por razones de seguridad pidieron no ser identificados, es que a pesar de que la camioneta Ford F-250 cuenta con una orden oficial de solicitud y búsqueda por parte de los organismos de seguridad, el vehículo continúa transitando con normalidad por las principales avenidas y arterias viales de Cumaná y Carúpano.
Familiares y afectados por esta situación hacen un llamado urgente al Fiscal General de la República y a la Inspectoría General de Tribunales para que se aceleren las investigaciones, se determinen las responsabilidades penales y administrativas de los administradores de justicia involucrados, y se ejecute la retención inmediata del automotor.