¿Elecciones ya?
Rafael Díaz Blanco @rafidiaz
Ante la difícil y compleja situación de estos tiempos que vivimos los venezolanos, es conveniente recordar que la política tiene una dimensión moral.
La política es realizada por personas, no por entes abstractos. Como toda actividad humana debe estar subordinada a la ética. Cuando ocurre lo contrario, dada la estrecha interdependencia societaria,
incluso en el ámbito internacional, las consecuencias son desastrosas para los más débiles,
para los más pobres. Mientras más grande es el poder y la capacidad de actuar de una persona cualquiera sea el escenario, esta obligación es aún más exigible.
También es preciso tener presente que lo político no puede subordinarse a lo económico, mucho menos cuando responde a ilegítimos intereses. Hacerlo, es subordinar a la gente, a la persona humana y sus necesidades más profundas, a exigencias ajenas de lucro y ganancia. Por otra parte, debemos recordar que la legitimidad democrática nunca puede fundamentarse en contratos comerciales.
Los venezolanos hemos aceptado el plan de tres fases de los Estados Unidos para Venezuela, y también, por ahora, el inconsulto “mayor acuerdo petrolero de la historia del mundo”. No obstante, hemos opinado que ambos son irrealizables, mientras no tengamos un gobierno democrático legítimo. No podemos entender como quienes han destruido el país, incluyendo la industria petrolera, sean los llamados a reconstruirla.
En esa dirección, desde hace meses, cada día con mayor insistencia, los venezolanos venimos pidiendo a los Estados Unidos, habida cuenta del tutelaje que por la fuerza ejercen en Venezuela, la salida de Delsy Rodríguez, así como la realización de elecciones libres. Norteamérica ha desestimado un gobierno presidido por Edmundo González Urrutia, presidente electo en 2024 reconocido por los Estados Unidos. No obstante, lo cierto es que no conocemos la fecha de salida de la dictadora interina, si es que la hay. Tampoco el cronograma electoral, si es que existe.
Evidentemente, nuestra demanda se fundamenta en el derecho de nuestro pueblo a decidir su propio
destino y poner fin a un interinato absolutamente ilegítimo que prolonga los efectos destructores de una dictadura de más de veintisiete años.
Nuestra petición ha sido objeto de elocuentes silencios y variadas respuestas poco convincentes,
incluyendo algunas que en lugar de aclarar obscurecen. Desde hace ocho meses se dice que
habrá elecciones “a la brevedad posible” o “cuando estén dadas las condiciones”. Se señala, entre otras,
en un listado interminable, la necesidad de nuevas autoridades judiciales y electorales, la revisión del
registro electoral, la habilitación de partidos y políticos opositores. Sin embargo, no se fijan en el
tiempo, ni se establecen prioridades, mientras las libertades políticas continúan siendo parciales y limitadas a la par que el aparato represivo se mantiene.
A nuestra manera de ver, la razón fundamental de todos los que se oponen o retrasan las elecciones (chavistas, colaboradores y “hombres de negocios” incluidos) es muy sencilla: María Corina Machado
ganaría la presidencia de la república por amplio margen, superior incluso al obtenido por Edmundo
González en las peores condiciones. La alianza con los Estados Unidos continuaría, pero pondría fecha final al tutelaje y al cese definitivo de la dictadura.
Establecido el cronograma electoral quienes ejercen el tutelaje tienen la obligación supletoria de garantizar y hacer respetar la soberanía popular.
Mientras tanto, los venezolanos continuaremos hasta el final nuestra no violenta lucha por la libertad. Seguiremos exigiendo nuestros derechos ciudadanos, la libertad plena de todos los presos políticos, el establecimiento del calendario electoral y la realización de elecciones libres. En definitiva, si bien la confianza disminuye, debemos continuar buscando que los intereses legítimos de los Estados Unidos coincidan con el legítimo interés de Venezuela para poder avanzar hacia un nuevo horizonte en procura del bien común de todos y especialmente de nuestros pueblos. Valencia, España, septiembre de 2026.