Escala la represión en Irán en medio del conflicto con EEUU
Los derechos del pueblo de Irán “se están erosionando de maneras duras y brutales”, en el contexto de los ataques sobre ese país por parte de Estados Unidos e Israel, advirtió este miércoles 29 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Desde el inicio del actual conflicto el 28 de febrero, al menos 12 personas han sido ejecutadas en relación con las protestas de enero de 2026: 10 por supuesta pertenencia a grupos de oposición y dos por cargos de espionaje, indicó la oficina de Türk (Acnudh) en esta ciudad suiza.
“Me horroriza que, además de las ya graves consecuencias del conflicto, las autoridades sigan arrebatando los derechos del pueblo iraní de maneras duras y brutales”, remarcó Türk.
Expuso que, en tiempos de guerra, las amenazas a los derechos humanos aumentan exponencialmente, pero que, incluso cuando se invoca la seguridad nacional, los derechos humanos solo pueden limitarse cuando sea estrictamente necesario y proporcional, y para un fin legítimo.
Y los derechos fundamentales e inderogables, como la protección contra la detención arbitraria y el derecho a un juicio justo, deben respetarse absolutamente, en todo momento.
“Hago un llamamiento a las autoridades para que detengan todas las ejecuciones, establezcan una moratoria sobre el uso de la pena capital, garanticen plenamente las garantías del debido proceso y de un juicio justo, y liberen de inmediato a quienes se encuentran detenidos arbitrariamente”, expresó el alto comisionado.
Diversas organizaciones de derechos humanos, algunas formadas o vinculadas por iraníes en el exilio, dieron cuenta de que la represión de las protestas de diciembre de 2025 y enero de 2026 causó la muerte de miles de manifestantes, y muchos otros miles fueron detenidos.
Se ha informado de al menos 21 ejecuciones al aplicar la pena de muerte a manifestantes, antes y después del 28 de febrero, cuando fuerzas de Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán -con réplicas iraníes sobre sus adversarios en la región- y se desató el actual conflicto.
Acnudh indica que, bajo la definición amplia e imprecisa de delitos contra la seguridad nacional en Irán, muchas personas, incluidos niños, siguen en riesgo de ser condenadas a muerte.
Los acusados suelen ser sometidos a procesos judiciales acelerados, y se les niega el acceso a la defensa legal de su elección. También se han denunciado con frecuencia casos de tortura y malos tratos, y las sentencias en al menos nueve casos se basaron en confesiones obtenidas bajo coacción.
Desde el 28 de febrero, se estima que más de 4000 personas han sido arrestadas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional.
Muchos detenidos han sido víctimas de desaparición forzada, tortura o sometidos a otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, incluyendo confesiones forzadas —a veces televisadas— y simulacros de ejecución.
Las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, como los bahá’ís, los zoroastrianos, los kurdos y los baluchis iraníes, han corrido un riesgo particular.
Decenas de prisioneros han sido trasladados a lugares desconocidos sin información sobre su destino, entre ellos la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh.
“Las condiciones de detención en las cárceles de Irán son pésimas”, declaró Türk. “Los detenidos sufren hacinamiento severo y una grave escasez de alimentos, agua, artículos de higiene, medicamentos, y se les niega atención médica”, aseveró.
Según informes en Acnudh, la salud de Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023, quien permanece encarcelada en condiciones de alto riesgo y recluida junto a delincuentes violentos, está empeorando tras sufrir un infarto. Su estado de salud se ve agravado por afecciones crónicas preexistentes derivadas de su arresto.
En la prisión de Chabahar, los detenidos que protestaban por la prolongada suspensión de la distribución de alimentos fueron reprimidos con violencia letal.
Según los informes, las fuerzas de seguridad mataron al menos a cinco personas e hirieron a 21 tras enfrentarse a los manifestantes. Otros dos detenidos murieron bajo custodia en otra prisión, con indicios de que habían sido sometidos a tortura.
La confiscación masiva de bienes también se utiliza como herramienta de represión y castigo transnacional, indicó Türk.
Según informes, las autoridades han incautado los bienes de unos 675 ciudadanos, entre ellos 400 iraníes residentes en el extranjero -actores, atletas, ejecutivos y periodistas, calificándolos de “traidores a la patria” y acusándolos de apoyar ataques militares contra Irán y de “colaborar con grupos hostiles”.
Un nuevo sistema de seguimiento financiero, «Sahm», permite a los tribunales y fiscales identificar e incautar electrónicamente los bienes de los ciudadanos.
El acceso a internet en Irán lleva prácticamente interrumpido 61 días, lo que lo convierte en uno de los cortes de conexión más largos y severos jamás registrados a nivel mundial.
“Esto niega a la población de todo el país el acceso a información vital, silencia las voces independientes y causa un enorme daño social y económico”, declaró el alto comisionado. “Agrava una situación humanitaria y económica ya de por sí precaria, y debe levantarse de inmediato”, agregó.