Las sanciones erosionan derechos económicos, sociales y laborales
El uso y la aplicación cada vez mayores de sanciones unilaterales, así como su cumplimiento excesivo y generalizado, están erosionando los derechos económicos, laborales y sociales, planteó un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este lunes 15.
«Observamos un creciente uso de sanciones unilaterales y medios de ejecución por parte de los Estados, así como un cumplimiento excesivo por parte de actores privados, a pesar de los múltiples informes sobre su impacto humanitario negativo», afirmó la abogada bielorrusa Alena Douhan,
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Douhan observó que las sanciones «tienen efectos acumulativos y repercusiones más amplias, incluso para terceros Estados y para los propios Estados que las imponen».
Su informe sostiene que esas medidas socavan «una amplia gama de derechos, incluido el derecho a la propiedad, que se ve socavado por medidas integrales, sectoriales y específicas, como la congelación de activos, especialmente cuando van acompañadas de confiscación».
Puso como ejemplo que siete camiones cisterna de leche y 17 camiones de bomberos fueron confiscados en el puerto de Klaipeda (Lituania) en 2023, por presunta elusión de sanciones unilaterales mientras eran transferidos desde Bielorrusia, a través de Lituania, hacia Cuba y Zimbabue.
Desde 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha incautado, según el informe, miles de envíos de productos chinos importados, incluyendo artículos de alta tecnología valorados en más de 2000 millones de dólares, en virtud de las sanciones relacionadas con Xinjiang.
Washington ha aplicado sanciones a China durante años como represalia por las políticas desarrolladas por el gobierno chino en su noroccidental provincia de Xinjiang, las que han afectado derechos de la minoría étnica uigur, de confesión musulmana, según informes de organismos internacionales.
El informe señala que el derecho al trabajo también se ve afectado, lo que resulta en un aumento del desempleo, reducciones salariales, deterioro de las condiciones laborales e informalización, así como un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores.
Otros derechos también se ven afectados, como la salud, la alimentación, la educación, el agua y el saneamiento, y un nivel de vida adecuado. Los grupos vulnerables se ven afectados de manera desproporcionada.
Bajo sanciones, el desempleo aumentó de 8,6 % de la fuerza laboral total en 2011 a 13,2 % en 2023 en Siria; de nueve por ciento en 2023 a 15,4 % en Iraq, y de ocho por ciento en 2001 a 14 % en 2023 en Afganistán.
La relatora mostró preocupación por la disminución de los salarios en el sector público en muchos países sometidos a sanciones, como resultado, entre otras cosas, de las sanciones unilaterales y la consiguiente hiperinflación.
Por ejemplo, el salario promedio del sector público en Venezuela se estimó entre dos y 10 dólares al mes, y el costo de la canasta básica promedio mucho mayor, unos 200 dólares, de acuerdo con un informe de la relatoría fechado en 2021.
Los países sancionados también experimentan una expansión de la economía sumergida (hasta 40 % en Irán), con tasas de vacantes que alcanzan entre 30 % y 50 % para empleos vitales del sector público, como médicos, enfermeros, maestros, profesores universitarios, funcionarios estatales, policías y jueces.
Como resultado, dice el informe, la tasa de pobreza en Venezuela, según las evaluaciones de organizaciones humanitarias, ha llegado a 94 %, y hasta 67 % de las personas viven en la pobreza extrema.
El documento registra que múltiples informes han indicado que las sanciones unilaterales han exacerbado o inducido la pobreza y han empujado a las personas a participar en actividades ilícitas, como el contrabando, el narcotráfico, el robo, la minería ilegal, la prostitución, la explotación sexual y la trata de personas.
Al destacar la responsabilidad global compartida por la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, la experta instó a los Estados sancionadores y a las organizaciones regionales a revisar todas las sanciones unilaterales y a levantar aquellas impuestas sin la autorización del Consejo de Seguridad o más allá de ella.
Reconoció la responsabilidad primordial de los Estados sancionados de utilizar el máximo de recursos disponibles, «dramáticamente insuficientes», para mitigar el impacto de las sanciones y realizar los derechos económicos, sociales y culturales.
Instó finalmente a las organizaciones internacionales a evitar legitimar las sanciones unilaterales y pidió a las entidades de las Naciones Unidas que monitoreen e informen sobre su impacto.
Dijo que particularmente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «debería prestar especial atención al derecho al trabajo, al trabajo decente y a la seguridad social».